Desde que, en fallo dividido, la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó el jueves que pueden quedar en libertad, los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone llevan varios días impacientes por volver a las calles.
Desde la resolución judicial, que revocó la decisión de mantenerlos en la prisión de Bouwer del juez federal Ricardo Bustos Fierro, ambos sindicalistas esperan que sus abogados hagan todo lo que esté a su alcance para que puedan volver a sus domicilios.
Pero, la situación excepcional de la cuarentena por el coronavirus complicó y terminó demorando su adiós a las celdas, en las que se encuentran desde hace siete meses.
El viernes, los abogados defensores intentaron de diferentes maneras que sus clientes pudieran dejar la cárcel, todas sin resultado positivo.
Como los bancos no están funcionando, y tampoco se encuentran abiertas las oficinas del Registro de la Propiedad y del Registro del Automotor, se les complicó cumplir con el requisito de pagar la fianza de 20 millones de pesos (10 millones cada uno) que se les exigió para quedar en libertad.
Según fuentes cercanas a la investigación, en un primer momento los abogados intentaron que se les aceptaran cauciones juratorias, cauciones personales, y hasta avisaron que presentarían un grupo de autos que algunos miembros del sindicato de recolectores Surrbac ofrecerían como garantía para que sus jefes recuperaran la libertad, aunque no aportaron los documentos de los vehículos para avanzar en ese sentido.
Esas alternativas no fueron aceptadas. Desde la torre federal les señalaron que la vía más directa sería hacer transferencias bancarias a la cuenta de la Justicia federal, pero tampoco esa posibilidad pudo ser cubierta.
Como el martes es feriado, los abogados de los gremialistas tienen a su disposición el lunes para hacer efectiva las fianzas, trámite que deberán llevar adelante ante el juez federal de turno, Alejandro Sánchez Freytes.
De no poder hacerlo el lunes, los gremialistas deberán permanecer en Bouwer por lo menos hasta el miércoles, cuando el juez federal a cargo será Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Libertad polémica
La libertad de dos de los gremialistas más polémicos de la provincia de Córdoba tendrá consecuencias en diferentes niveles.
Por un lado, podría amedrentar todavía más a los denunciantes contra ambos, algunos de los cuales se encuentran bajo el programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Uno de esos denunciantes sufrió un grave intento de asesinato en enero de 2019, otro ha recibido amenazas contra él y su familia, y un tercero sufrió recientemente seguimientos y un asalto.
En segundo lugar, estando libres ambos, se teme que puedan comenzar a incidir más directamente en la vida cotidiana del sindicato, es decir, que intenten volver a la situación previa a sus detenciones.
La resolución judicial, además de prohibirles abandonar el país y de haberles retenidos los pasaportes, les prohíbe practicar cualquier tipo de actividad sindical y acercarse al sindicato, a la mutual y a la obra social, las tres instituciones que habrían sido afectadas económicamente por los delitos bajo los cuales están procesados: lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación.
Por supuesto, la Justicia también les prohibió comunicarse con los testigos de la causa judicial y “relacionarse con personas que pudieran estar involucradas en la presente investigación”. Además, cada 15 días deben comparecer ante el juzgado federal.
Impacto en las intervenciones
Todo esto impactará sobre el futuro de las intervenciones impuestas sobre el sindicato, a cargo de una persona colocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y sobre la mutual, a cargo de un funcionario elegido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
La cuarentena también ha pausado en parte el trabajo de las intervenciones, por lo cual por estos días se especula que podrían solicitar ante las autoridades nacionales la extensión de los plazos para ambas.
Causó sorpresa entre abogados vinculados a estas investigaciones que la resolución federal que liberó a los gremialistas mencionara, como motivo para tomar esa decisión, que ya no podrán interferir con la vida del sindicato porque –dijo– la intervención del Ministerio de Trabajo quitó de sus lugares a todos los directivos de la comisión que encabezaba Saillén.
“Los camaristas –señaló uno de los letrados, que pidió no ser identificado– no deben haber leído el decreto publicado en el Boletín Oficial, donde se ve claramente que la intervención no tiene facultad para desplazar a la comisión directiva. Es una intervención acotada a lo financiero, a lo contable”.
En los hechos, esto significa que la libertad de Saillén y de Catrambone podría complicar el trabajo de las intervenciones, lo que significaría también dificultar el avance de las investigaciones judiciales.
Cualquiera que conozca los antecedentes de ambos sindicalistas no puede imaginárselos a ambos encerrados en sus casas, sin intentar volver a tomar el control de las organizaciones que tan beneficiosas fueron para ellos, para sus familiares y para sus amigos durante los últimos 18 años.
