Juan Schiaretti no es la excepción: como todos sus colegas, el gobernador de Córdoba está preocupado por el impacto que tendrá en las cuentas públicas la cuarentena por el coronavirus. Sin embargo, fuentes oficiales del Centro Cívico aseguraron que la semana que viene se comenzará a pagar los salarios de los empleados públicos y jubilados provinciales “como estaba previsto”.
En un contexto de recesión económica, que marca que los ingresos por coparticipación federal llevan 20 meses consecutivos de caída, la cuarentena resuelta por el presidente, Alberto Fernández, agravará la recesión y, con ello, los ingresos de los distintos estados.
Ante la consulta de La Voz, fuentes oficiales del Gobierno provincial confirmaron anoche que el cronograma de pagos para activos y pasivos provinciales será “el habitual”.
“La situación financiera es complicada, pero este mes no tendremos problemas de pagar los salarios y haberes de jubilados y pensionados provinciales. Después se verá”, resumió un funcionario provincial de trato diario con el gobernador.
Al igual que el resto de sus colegas, el gobernador Schiaretti espera que el Gobierno nacional brinde alguna asistencia financiera a las provincias, en un contexto de agudización de la baja de la recaudación que provocará la cuarentena, que se podría extender hasta el 13 de abril.
Aunque no está confirmado, en la cumbre de Olivos con gobernadores de la semana pasada, el presidente Alberto Fernández dejó abierta la posibilidad de que la cuarentena se extenderá hasta después del feriado largo de Semana Santa.
En tanto, en Córdoba, por ahora en voz baja, los intendentes del interior provincial también han hecho llegar al Centro Cívico su preocupación por el descenso de los ingresos.
Schiaretti está convencido de que la Casa Rosada deberá implementar algún salvataje financiero a las provincias para evitar que se corte la cadena de pagos en todo el país.
En este contexto, en el Gobierno provincial hoy la prioridad es destinar recursos al área de salud para enfrentar la pandemia y pagar los salarios de los empleados públicos y jubilados provinciales.
Al igual que el resto de los gobernadores, Schiaretti considera que la Nación debería distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo que se financia con el 1,5 por ciento de la coparticipación de las provincias, y que luego la Casa Rosada distribuye de manera discrecional.
Este fondo no fue creado por esta gestión del presidente Alberto Fernández. Existió desde la última reforma constitucional y cada gobernante de turno la utiliza de manera discrecional.
Según los datos que manejan en el Centro Cívico, Córdoba debería recibir unos seis mil millones de pesos de ATN. Se trata de una cifra importante, teniendo en cuenta que la nómina salarial provincial es de alrededor de 12 mil millones de pesos.
Gremios, confiados
Los gremios estatales provinciales están convencidos de que no habrá problemas para cobrar los salarios la semana próxima.
Dos fuentes sindicales consultadas coincidieron en comentar que no tienen ninguna información de que la Provincia tenga dificultades para cumplir con el pago de los salarios.
“Si hubiera algún problema, ya lo sabríamos. No tenemos dudas de que este mes no habrá problemas, después nadie sabe lo que puede suceder”, dijo uno de los titulares de los gremios provinciales más numerosos.
Una prueba de que están los recursos para los salarios públicos es que ayer los afiliados a la Unión Personal Superior (UPS), el gremio del personal jerárquico, cobraron ayer por planilla complementaria el aumento acordado en la negociación paritaria.
Los jubilados de este gremio, el primero que acordó con la Provincia, cobrarán este aumento a partir del próximo lunes.
Complicaciones económicas extremas en Capital
La gestión municipal de Martín Llaryora comenzó marzo haciendo pública la cuenta general del pasivo heredado de la administración de Ramón Mestre, que se cuantificó en una suma cercana a los 30 mil millones de pesos –siete mil millones son con proveedores o vencimientos financieros impostergables– y tres semanas después se dio con la crisis del coronavirus, que supone un desplome de los ingresos y una fuerte ampliación de los gastos del Palacio 6 de Julio.
Si la economía municipal estaba en emergencia, ahora ya necesita cuidados intensivos y respirador: todas las proyecciones se vieron alteradas, excepto vencimientos muy gravosos para la ciudad: hoy se deben disponer casi seis millones de dólares para el pago de un vencimiento de intereses del bono de 150 millones de dólares emitido por la gestión anterior. Ese pago se realizará para evitar una situación de default, pero Llaryora ya anunció que intentará aplazar los siguientes vencimientos.
En paralelo, se intensificaron las gestiones –hasta ahora, infructuosas– para que la Nación avale una emisión de Letras del Tesoro que permita cubrir gastos corrientes. El municipio ya decidió que esa emisión se hará aun cuando los avales nacionales no lleguen, ya que de momento se trata de la única vía para hacerse de fondos.
Y también están en marcha conversaciones con otros intendentes de grandes ciudades del interior del país para articular un planteo conjunto a la Nación en busca de recursos extra para solventar parte de los gastos que supone la situación sanitaria, que son millonarios. Córdoba habilitó una partida adicional de 50 millones de pesos para Salud, pero la cifra ya se revela insuficiente.
Hay inversiones no previstas en infraestructura hospitalaria de emergencia; la ciudad está pagando alojamiento de más de 400 personas en situación de calle y habilitando tres polideportivos porque el número de personas sin casa sigue en aumento; el gasto salarial en Salud también se incrementó por la severa amenaza que representa el dengue en la capital provincial, y el resto de los gastos se mantienen subiendo al ritmo de la inflación.
En el Palacio 6 de Julio insisten en el hecho de que los municipios del conurbano bonaerense están recibiendo aportes directos de la Nación para enfrentar esos gastos surgidos del avance de la pandemia, y para contener la situación social. En Córdoba no hubo hasta ahora un peso extra que provenga de la Nación, y tampoco hubo aportes de la Provincia para esos fines.
Hasta ahora, el municipio no informó modificaciones del cronograma de pago de los sueldos de los municipales ni de las empresas a su cargo, Tamse y Esop.
Tampoco realizó anuncios relacionados con medidas de alivio ni postergaciones impositivas al sector privado. A las quejas por la presión fiscal se sumaron planteos de los concejales opositores para que el municipio posponga el pago de tasas y compense la pérdida de ingresos con la reducción del gasto salarial.
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