En medio de la pandemia por el coronavirus en Argentina, la Justicia federal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a varios represores condenados en Córdoba por delitos de lesa humanidad, por lo que deberán continuar presos.

A los pedidos de reclusos en diversas causas en la Justicia provincial, entre ellos, de los empresarios Oscar Cerutti (70)  Jorge Monferini (69), imputados en la causa “Euromayor”, Miguel Ángel Mitre (69), acusado en la causa por el robo y tiroteo de Nueva Córdoba, se sumaron los de los represores ante el fuero federal.

Sin embargo a diferencia de Cerutti, Monferini y Mitre, los condenados por delitos de lesa humanidad no accedieron al beneficio, de acuerdo a los fallos que revisó La Voz.

Yáñez 

Uno de los que solicitó la domiciliaria fue (66) José Luis Yáñez, condenado en 2018 a seis años de prisión en décimo juicio por delitos de lesa humanidad en el marco de la “megacausa La Perla”. 

El juicio reunió las causas denominadas “Vergez” y “González Navarro”, con crímenes que fueron cometidos entre febrero de 1975 y febrero de 1976 (la primera), y entre mayo de 1976 y mayo de 1978 (la segunda) en los centros clandestinos de detención Departamento de Informes 2, de la Policía de Córdoba, y Campo de la Ribera. 

El informe médico determinó que Yáñez sufre hipertensión arterial, depresión, ansiedad, ciatalgia y apnea del sueño. Sin embargo, se comprobó a través de un peritaje forense que se encontraba “lúcido, vigil, hemodinámicamente estable”, aunque con “mucha carga ansiosa” y “preocupación por su situación de detención”.

Su defensor solicitó la domiciliaria a fin de “resguardar la salud de las personas en condiciones de encierro, por tratarse de una situación de vulnerabilidad, frente al riesgo del avance de la pandemia”. 

Los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 (TOF), Carolina Prado y Julián Falcucci, recordaron el protocolo dispuesto por el Gobierno de Córdoba en el Servicio Penitenciario frente al coronavirus. También subrayaron que “debería acreditarse un grave riesgo actual” en la salud de Yáñez y una inexistencia de medidas para evitar ese riesgo para otorgarle la domiciliaria (que ya había solicitado, sin éxito, en noviembre último). 

En su rechazo, el fiscal general argumentó que darle el beneficio resulta contradictorio “toda vez que circular en el medio libre (fuera de la cárcel) expone al interno a un riesgo más elevado de contagio”.

Las organizaciones Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba e Hijos Córdoba presentaron su rechazo al pedido de la defensa y propusieron adoptar medidas en la cárcel.

Los jueces concluyeron que el represor está “compensado y estable” y “no hay aún registro de casos detectados o sospechosos dentro del pabellón donde se aloja, ni en su módulo, ni en el establecimiento, ni en cárceles en la provincia de Córdoba, ni en ninguna cárcel del país”. Y reclinaron enviarlo a su casa.

Pérez

Por su parte, los magistrados también rechazaron el mismo beneficio para Miguel Ángel Pérez (65), un excabo que en 2010 admitió haber asesinado a un preso político en 1976 en la ex Unidad Penitenciaria San Martín, conocida como UP1.

“Fue un accidente, se me escapó el tiro”, dijo en ese momento Pérez, al aludir a la muerte de Raúl “Paco” Bauducco, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza que salió de la pistola reglamentaria que manipulaba el suboficial. En ese juicio se analizaron los crímenes de 31 presos políticos alojados en la UP1, fraguando hechos de fuga en distintas circunstancias, además de secuestros y tormentos contra expolicías del ex-D2.

Los jueces que analizaron el pedido de Pérez de recibir la domiciliaria señalaron que el informe médico confirmó que tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión e hipoacusia neurosensorial bilateral. No obstante, “se encuentra lúcido, vigil, orientado en tiempo y espacio, asintomático y hemodinámicamente estable”.

Al igual que Yáñez, el fiscal general indicó que en el caso de Pérez no correspondía recibir el beneficio por varios motivos: por tener menos de 70 años, no sufrir patologías graves que impidan ser tratadas en la cárcel y porque el Servicio Penitenciario lleva adelante medidas contra el Covid-19.

“Cuca” Antón

La expolicía del D2 Mirta Graciela “Cuca” Antón (68) fue detenida el 28 de junio de 2009 mientras votaba. Su hermano, Herminio Jesús Antón, también fue integrante del D2 durante la dictadura y fue apresado el mismo año. 

Durante el juicio de la causa Menéndez III o “Gontero” (por los secuestros y las torturas de cinco expolicías y un abogado), Antón negó haber usado el alias de “Cuca” en su paso por el D2. “Tengo muchísimos, Cheli, Chichuta, Tachula, Chechu… depende los amigos”, señaló.

Pero una de las víctimas, el expolicía Luis Alberto Urquiza, contó desde Dinamarca que así se la conocía. Luego recibió otra condena en 2016, torturas, asesinatos, abuso, privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas. En el juicio, como en las entrevistas que la periodista Ana Mariani le realizó para su libro La Cuca, Antón se declaró “total y absolutamente inocente de todo”.

Antón fue condenada por el Tribunal Federal N°1 a siete años e inhabilitación absoluta. Padece soriasis y gastritis y está bajo tratamiento con psicofármacos. Pero está “clínicamente estable, hemodinámicamente compensada”, con “signos vitales dentro de los límites normales, resto del exámen médico dentro de la normalidad”. El fiscal general también rechazó, al igual que el TOF, la domiciliaria.

López

Arnoldo José “Chubi” López (65) tampoco dejará la cárcel pese al pedido de la defensa. Fcondenado a perpetua en la megacausa La Perla. En 2017, la Corte Suprema rechazó aplicar el criterio de 2×1 en su caso. En relación a su caso, se cuentan 241 hechos de desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima y un hecho de desaparición forzada de menor. 

Hijos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos se opusieron a que recibiera la domiciliara. En el mismo sentido se pronunció el fiscal general, quien afirmó que el Servicio Penitenciario le ofrece una contención de la salud que no se podría garantizar en libertad.

López padece cardiopatía isquémica (tiene colocados dos stent), hipertensión, síndrome de Menier e hipoacusia. Pero está “lúcido, vigil, orientado en tiempo y espacio, asintomático y hemodinámicamente estable”. Para los jueces, no hay riesgos graves para su salud que le permitan abandonar la cárcel.

“El Gato”

El defensor público Rodrigo Altamira pidió que el explicía del ex-D2 Miguel Ángel “El Gato” Gómez (70) también fuera beneficiado con la domiciliaria, aunque fue el planteo fue rechazado.

El condenado por delitos de lesa humanidad fue reconocido por Isolina Tránsito Guevara, una delegada gremial y víctima de torturas. Durante uno de los juicios, dijo que durante la dictadura, la llevaron al altillo del D2 y que Gómez le quitó la venda y le ordenó: “’Mirame. Quiero que sepas quién es tu torturador. Soy el ‘Gato’’. Me pegó, dijo que no me hiciera la loca y me hizo preguntas”.

“Tucán” Yanicelli

La defensa oficial del expolicía del D2 Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli solicitó la domiciliaria por pdecer hipertensión con isquemia miocárdica por obstrucciones arteriales coronarias. Planeó que se encuentra medicado y bajo estudios y tratamientos adecuados y que tiene una enfermedad coronaria múltiple por la que debe ser operado.

Es recordada la intervención de Yanicelli en el juicio en su contra de 2010. Por entonces, acusó al camarista Luis Rueda de trabajar “para los servicios de inteligencia” durante la dictadura. 

Los jueces consideraron que la gravedad de la enfermedad y su avanzada edad “conforman elementos que lo ubican especialmente dentro de lo que se ha dado en llamar población de riesgo, lineamientos aplicados a su vez mediante el protocolo para Covid-19”. Finalmente, le concedieron la domiciliaria, pero indicaron que no se hará efectiva por estar detenido en otra causa. 

Miguel Gómez. (La Voz/Archivo)
Mirta Antón. (Gentileza Irma Montiel/Archivo)
Carlos Yanicelli. (La Voz/Archivo)