Solo el Presidente hace referencias sobre el problema de la deuda. El resto de los funcionarios hace silencio. Temores de algunos sectores del FdT.
El Gobierno Nacional transita una semana clave de cara a las renegociaciones que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional ya que antes del viernes tendrá que definir si paga o no el primer vencimiento del año que se trata de una suma de 731 millones de dólares. En Casa Rosada, por estas horas, se vive un clima de mucho hermetismo con todo lo vinculado la negociación y también hay gran cautela sobre la posibilidad o no de que en el corto plazo se llegue a un acuerdo con el organismo. Lo que se repite al unísono, tanto cerca del presidente Alberto Fernández, como de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es que no se aceptará ni se firmará un acuerdo que implique ajuste o que genere un freno al crecimiento que viene experimentando la economía argentina –aceptado incluso por el propio Fondo– y el crecimiento que puede llegar a tener en los años venideros.
El Presidente no pierde oportunidad pública para reiterar que su decisión es la de alcanzar un acuerdo con el Fondo pero advierte y remarca que no aceptará un ajuste para la sociedad. Por caso, el lunes durante un acto donde presentaba la campaña nacional “Nos vacunamos todos para ir a la escuela”, insistió con su posición frente al FMI: “Sólo recuerden lo que significó el 2001. Y recuerden que el ajuste más cercano que el FMI le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología; hizo perder tres baluartes centrales para el desarrollo de un Estado y una sociedad”, dijo en referencia a los costos de la maniobra del entonces presidente Mauricio Macri, al endeudar al país para poder triunfar en las elecciones presidenciales de 2019.
De todas formas, hacia el interior del Frente de Todos hay sectores que temen que el acuerdo incluya un ajuste. Incluso no comparten la posibilidad pedir préstamos al propio Fondo para pagar los vencimientos con ese dinero, tal como explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión que sostuvo con los gobernadores.
Estos espacios, más referenciados con el kirchnerismo, dicen que es inconveniente porque además del ajuste y también se habilita una fuerte injerencia del FMI en las políticas del país a partir de los controles trimestrales que realizará. Algo que, sostienen en los pasillos de la Rosada, todavía está en revisión y destacan que todo esto sucede por la irresponsable conducta del gobierno del expresidente Mauricio Macri al tomar tamaño préstamo en 2018.
“Ellos (por el FMI) quieren una Argentina que exporte materia prima, que no tenga industria, una Argentina con disciplinamiento social y con una distribución desigual de la renta”, aclaran los sectores que temen por el tipo de acuerdo que se alcance con el Fondo y agregan que es preciso “forzar la situación para generar las condiciones necesarias y que desde el Fondo escuchen nuestras demandas, porque lo que ofrecen significaría un calvario para nuestro pueblo”.
Si bien es más que factible que el Gobierno realice este viernes el pago el primer pago del año al Fondo –se vienen pagando todos los vencimientos anteriores–, algunos sectores dentro del oficialismo consideran que otra opción sería no pagar hasta que se termine de negociar y cerrar un nuevo acuerdo. En el bloque oficialista del Senado hay integrantes que anticipan su negativa a un acuerdo un acuerdo que implique ajuste, tal como lo dijeron en las dos cartas que emitieron sobre este tema: una el 15 de noviembre de 2020 y la otra en de febrero de 2021.
“No puede haber un acuerdo que nos condene otros diez años de decadencia porque eso va a significar volver a tropezar con la misma piedra y caer en un lugar de profunda crisis”, opinan sectores sindicales ligados al Frente de Todos. Es más, sostienen que un ajuste no lo solo profundizaría “la desigualdad” sino que además concentraría más la opulencia de sectores de la sociedad. Por eso suelen reclamar que el Gobierno pelee más la flexibilización de los plazos y las exigencias. “Algunos sectores quieren empujarnos a firmar a cualquier costo y eso sería un error político”, dicen.
Lo cierto es que si bien el que lleva adelante la renegociación es el Poder Ejecutivo, son centrales los consensos porque generan mayor respaldo y porque el acuerdo al que se llegue deberá pasar por el Congreso. Con ese objetivo, Guzmán explicó los detalles de las negociaciones frente a los gobernadores, a los diputados y también ante la CGT. Los únicos que no aceptaron escuchar al ministro fueron los miembros de la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, que tras idas y vueltas no concretaron una reunión con el titular de la cartera.