La situación tarifaria se ha convertido en una pesadilla para los argentinos. No sólo por el peso de las facturas en los presupuestos familiares, sino también porque, como en tantos otros temas, la clase política en sus distintos formatos ideológicos no le encuentra la vuelta al problema.
El último episodio en ese sentido se vivió con el nuevo gobierno nacional. La cuestión se asemejó a un recuerdo del futuro. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mano derecha de Alberto Fernández y uno de los primeros funcionarios designados por este, aseguró que las tarifas comenzarían a descongelarse a mitad de año.
Esas expresiones del funcionario no dejan espacio para creer que se trató de una ocurrencia personal. Dijo: “Probablemente habrá aumentos de tarifas en junio, pero será en los sectores que los puedan soportar”.
Es difícil pensar que Cafiero se haya cortado solo con el anuncio. La frase devela una construcción elaborada. Le puso una fecha (el 30 de junio vence la ley de Emergencia que ratificó el congelamiento dispuesto en abril pasado por Mauricio Macri) y avanzó sobre quiénes deberían asumir ese mayor costo.
En 2003, el entonces vicepresidente Danuel Scioli anunció un aumento tarifario que luego el presidente Néstor Kirchner desmintió. Y lo castigó por ello.
Con una emergencia social y alimentaria declarada, aun cuando no existen datos estadísticos claros, consistentes y oficiales sobre el impacto del hambre en el país, la expresión de Cafiero indica con meridiana claridad que el aumento recaería sobre la clase media y alta.
Horas después, Alberto Fernández desmintió al funcionario. “No tenemos en carpeta un aumento de tarifas”, expresó. “Que nadie se apure, no sé si en junio vamos a estar en condiciones de hacer eso porque lo que a mí más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente”, puntualizó el Presidente.
Recuerdos del futuro
Este ida y vuelta hizo recordar a una situación similar ocurrida en agosto de 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner. El vice, Daniel Scioli, salió a anticipar un aumento tarifario y de inmediato Kirchner no sólo lo desmintió sino que bajó una fuerte represalia sobre Scioli: casi en el acto le despidió a todos los funcionarios que lo acompañaban. Entre ellos el recordado Francisco “Paco” Mayorga en Turismo. También le prohibió hablar, lo que no se sabe si fue malo o bueno.
Ahora no existen represalias pero el episodio Alberto-Cafiero es parecido y no resulta anecdótico.
Definir qué se va a hacer con las tarifas –ha quedado ya demostrado– es una parte de medular de cualquier plan económico que se disponga aplicar en la Argentina. Tiene el mismo nivel de gravitación que las decisiones en materia de jubilaciones y de seguridad social.
El costo de la electricidad pura ya acumula, por ejemplo, un retraso similar al que presenta la inflación. Eso sin contar el transporte. El último incremento de la energía que distribuye el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se produjo en agosto del año pasado y, para el caso de Córdoba, llegó al 1,71% promedio. En todo el año pasado, esa energía pura se incrementó un 19,91% de acuerdo con datos de Epec. Cuando llegue junio, presentará un retraso de 10 meses. ¿40% con viento a favor?
Alberto expresó que pretende evaluar las ganancias de las generadoras. Es un voleo al aire. Lo que ganaron, ganaron. Pero el tema no está ahí. A la energía la producen las usinas, pero se la entregan a una empresa mixta (80% de las generadoras y 20% del Estado nacional).
Voleo al aire
Cammesa, de ella se trata, al revés de lo que puede llegar a pensar el jefe de Estado, no está reportando ganancias. Todo lo contrario, tiene un “choclo” de deudas para cobrar de distribuidoras eléctricas que no le vienen pagando la energía que consumen (Epec en esto es una excepción). Son unos 30 mil millones de pesos.
Si no quiere aumentar, el Presidente tendría que disponer nuevamente de miles de millones en subsidios para la generación (como hicieron Néstor y Cristina durante sus gobiernos). Es un momento complejo para eso porque los acreedores miran de cerca el déficit fiscal para negociar los vencimientos de la deuda.
Pero, por otro lado, a la situación particular de las distribuidoras no las resuelve el Estado nacional sino cada una de las jurisdicciones donde están situadas. El Ente regulador nacional (Enre) atiende el cuadro de las tres principales distribuidoras bonaerenses, el resto depende de las provincias.
Podría perfectamente el gobierno disponer que estas tres (Edelap, Edesur y Edenor) no trasladen a precio sus mayores costos operativos. Pero a diferencia del ciclo 2003-2015, es un riesgo grande porque no tendrían dónde financiarse (o lo conseguirían a tasas exorbitantes) y repercutiría directamente en el servicio.
Con el gas natural, sucede algo similar. El Gobierno acaba de mejorarle el precio del hidrocarburo para generación a las petroleras porque estaban al límite operativo. Es decir, ya interviene en el precio. Hay en las compañías una marcada incertidumbre por el valor del gas para el invierno. Por ahí tampoco puede ir porque los nuevos desarrollos están justamente paralizados por falta de precio.
Es decir, a Cafiero le cayó la misma regla que a Scioli en aquel entonces. El tema es que, sin dólares, el “resto” que tiene Alberto en los bolsillos es muy distinto al que luego conseguiría Néstor.
