Mauricio Saillén y Pascual Catrambone son los nombres que encabezan la investigación judicial más escandalosa desarrollada en el corazón del sindicalismo de Córdoba.
Ambos dirigentes, líderes y patrones desde 2002 del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), están acusados de graves delitos que se habrían cometido en el gremio, su mutual y su obra social, y que perjudicaron directamente a los afiliados.
Saillén era además el principal dirigente de la CGT Rodríguez Peña, identificada con el kirchnerismo, que también integran otros gremios vinculados al Estado como Luz y Fuerza y los municipales del Suoem.
Vale recordar que esta investigación sobre el Surrbac integra, al mismo tiempo, una investigación mayor que también apunta a dilucidar presuntos y millonarios hechos de corrupción cometidos por funcionarios de la Municipalidad de Córdoba y por empresarios ligados a la firma Cotreco, siempre en relación al servicio de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba.
Familiares y amigos
Saillén y Catrambone, que fueron detenidos y enviados a la prisión de Bouwer a fines de agosto de 2019, están procesados junto a otras 17 personas.
Entre los imputados se encuentran cuatro hijos y la exesposa de Saillén, y un hijo, la esposa y el hermano de Catrambone.
También resalta en la lista que 11 de los imputados, entre ellos los mismos Saillén y Catrambone, son empleados del Esop, el ente municipal encargado del servicio de barrido de la ciudad de Córdoba.
Además, Catrambone es director titular de Cormecor, el ente intercomunal que integra la Municipalidad de Córdoba encargado del tratamiento de los residuos en toda el área del Gran Córdoba. Otro de los imputados por la Justicia federal, Juan Manuel Riba, aparece como síndico en la constitución del mismo ente.
Los restantes nueve acusados son colaboradores y profesionales vinculados a la mutual investigada, Amsurrbac, y una mujer que mantendría un vínculo sentimental con uno de los sindicalistas.
Los 19 imputados, según la investigación que lleva adelante la Justicia federal de Córdoba, están involucrados en presuntas maniobras de lavado de dinero u otras actividades irregulares que se produjeron entre los años 2009 y 2018, en las que se usaron fondos de la mutual de los recolectores y barrenderos para que los gremialistas obtuvieran beneficios millonarios, según se investiga.
Entre los bienes vinculados a los sindicalistas que fueron inhibidos por la Justicia se encuentran 55 autos de alta gama, por un valor total de 1.393.736 dólares.
Hechos que los involucran
Los 19 apuntados por la investigación judicial están acusados por el artículo 303 del Código Penal, que castiga con prisión de tres a 10 años a quienes administren, vendan, disimulen o pongan en circulación bienes provenientes de ilícitos penales. Es un artículo que se cita cuando se hace referencia al lavado de activos.
Saillén y Catrambone, considerados los máximos organizadores de las maniobras, están acusados también en el hecho principal, por asociación ilícita “agravada por su carácter de jefe”, por usura agravada por realizarse de manera habitual, y como presuntos coautores de administración fraudulenta. Ambos, en la acusación por el artículo 303, están bajo una condición agravada “por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal”.
Por el delito de asociación ilícita simple, en carácter de coautores, están acusados Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba y Juan Carlos Delgado, profesionales vinculados a la mutual y al sindicato que dirigen Saillén y Catrambone.
Por el delito de usura agravada que habrían cometido usando el dinero de la mutual, a la que aportaban de su sueldo los recolectores y barrenderos de la ciudad de Córdoba, también están acusados, además de los líderes sindicales, los mencionados Krainbuhl, Medina y Riba. Estos últimos tres comparten con el dúo de dirigentes la acusación por administración fraudulenta, en carácter de coautores.
Los familiares de Saillén y de Catrambone están imputados por el artículo 303 del Código Penal en carácter de partícipes necesarios.
En esa situación se encuentran el exlegislador provincial y excandidato a diputado nacional por el kirchnerismo en 2019, Franco Saillén. También, otros tres hijos de Mauricio Saillén: Juan, titular del brazo de la juventud sindical del Surrbac; Micaela, y Darío Mauricio, hijos de diferentes parejas que tuvo el gremialista.
También están acusados en esa condición la exesposa de Saillén y actual prosecretaria de la Mujer en la comisión directiva del sindicato, Verónica Quevedo; la mujer de Catrambone, Adriana Cecilia Oviedo; la joven Yamila Gisel Monjes; la secretaria de Saillén, Salomé Alfazak, y el hijo de Catrambone, Agustín.
Con la misma calificación se encuentran también el hermano de Catrambone, Miguel Ángel, y los particulares Héctor Gabriel Blanes y Jorge Vicente Blanes. También el abogado José Luis Yacanto, quien integra el estudio en el que trabajó el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo.
La usura
La sospecha es que los dirigentes gremiales y otras personas vinculadas a la mutual multiplicaron hasta más de 400 por ciento el dinero que pusieron a circular en la entidad, gracias a que esta cobraba intereses considerados usurarios a los barrenderos y recolectores del gremio, a quienes daba créditos y adelantos de dinero.
Según una auditoría ordenada por la Justicia provincial, los acusados habrían aportado 11 millones de pesos y habrían retirado más de 53 millones entre 2009 y 2018. También se investigan otras maniobras dinerarias en la mutual, como el presunto pago de vacaciones a destinos internacionales y suites de lujo en hoteles cinco estrellas para directivos del sindicato.
También se conoció que, en la investigación, se detectaron plazos fijos a nombre de Saillén por un total de 700 mil dólares en 2018.
La trama de los cheques
En primer lugar, impresiona la impunidad. Luego, la desprolijidad con la que todo fue hecho.
Ya nadie duda de que los sindicalistas se hicieron millonarios. Tampoco de que repartieron millones entre sus familiares y algunos dirigentes del sindicato.
Tampoco parece haber dudas sobre quiénes fueron los principales perjudicados por esas maniobras: por un lado, los habitantes de la ciudad de Córdoba, quienes por la mano dispendiosa de las autoridades municipales pagaron cientos de millones por un servicio de recolección de basura cada vez más deficiente y que derivó cifras millonarias para el crecimiento patrimonial y político de los sindicalistas.
Pero también los grandes perjudicados fueron los recolectores y los barrenderos afiliados al sindicato, socios de su mutual y beneficiarios de la obra social del gremio. Ellos se habrían visto privados en estos años de mejores servicios, menores descuentos sobre sus sueldos y menores intereses sobre los préstamos usurarios que les hacían pagar con tasas de hasta 170 por ciento anual cada vez que pedían un adelanto o compraban un electrodoméstico en cuotas.
Las ganancias de esas tasas usurarias, como expuso la auditoría ordenada por la fiscal provincial Patricia García Ramírez, habrían ido directamente a los bolsillos de los gremialistas.
La acusación judicial señala que Saillén y Catrambone habrían formado una asociación ilícita para cometer delitos en perjuicio “tanto de los afiliados como del propio sindicato Surrbac, de la mutual Amsurrbac y de la obra social Ossurbac”.
Es decir, habrían usado toda la red de instituciones vinculadas al sindicato para su desarrollo patrimonial personal.
La investigación tanto de la Justicia provincial como de la federal de Córdoba, así como el informe secreto realizado por la Unidad de Información Financiera de la Nación (UIF), dejan al desnudo una fiesta de cheques que, según los documentos, celebraron durante la última década las principales autoridades del gremio, junto con una red de posibles testaferros, con un crecimiento patrimonial notable.
Los documentos a los que accedieron los investigadores comprobaron que Saillén y Catrambone habrían comprado autos de lujo, casas, locales, lotes, y hasta se habrían pagado las vacaciones en destinos internacionales, suites en hoteles de lujos e, incluso, los gastos de empleadas domésticas en sus viviendas con los fondos que provenían del sindicato o de la mutual.
Una novedad que ahora ha quedado a la luz es que en ese circuito de dinero del que se habrían beneficiado Saillén, Catrambone y sus familiares también participaron las empresas privadas Krates e Higyse SA.
En los papeles, estas firmas fueron creadas por el hijo de Catrambone, Agustín, cuando sólo tenía 18 años, y son integradas por otros personajes vinculados a la comisión directiva del sindicato. Todos ellos, a su vez, son empleados de la empresa municipal de barrido Esop o de las empresas privadas encargadas de la recolección: es decir, se trataba de un círculo cerrado que se aseguró que el dinero siempre quedara en las mismas manos sindicales.
Así, Saillén, Catrambone y sus familias recibían plata desde la Municipalidad de Córdoba (a través de las empresas Crese, Esop y Cormecor), de las concesionarias privadas de la recolección (como Lusa y Cotreco) y de las empresas que ellos mismos crearon (como Krates e Higyse) para conseguir más dinero a través de contratos con el propio municipio, con las empresas concesionarias y hasta con su propio sindicato y su mutual. Una “bicicleta” perfecta.
Entre 2009 y 2018, Saillén y Catrambone firmaron una cantidad industrial de cheques como apoderados del sindicato, de la mutual y de la obra social. Estos cheques, según investigaciones oficiales, representaron nada menos que el 89 por ciento del egreso de los fondos durante esos años.
La modalidad era endosarlos a familiares de los gremialistas o a personas que luego los usaban, por ejemplo, para comprar vehículos de alta gama, pese que se trata de individuos que carecían de sueldos, ingresos en general o de fondos como para poder realizar esas compras.
Entre los 55 autos de alta gama inhibidos por la Justicia, 21 rodados están en manos de la familia Saillén y 12 en manos de la familia Catrambone. Pero la investigación mostró que, aunque los vehículos aparecen como propiedad de otras personas, en realidad quienes tienen los permisos para manejarlos son los miembros de las dos familias de los sindicalistas, y se suman sus ex y sus actuales parejas.
Las intervenciones
Si hubiera que resumir en pocas palabras de qué se trata toda esta investigación, podría decirse que es la descripción de la millonaria estafa que los sindicalistas habrían cometido contra los intereses de los propios afiliados de su gremio.
También es la historia de cómo ambos se convirtieron en millonarios, con ayuda de autoridades municipales, gracias al negocio de las licitaciones del servicio de basura de la ciudad de Córdoba.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro, que lleva las principales investigaciones sobre el Surrbac, había solicitado a principios de noviembre del año pasado las intervenciones del sindicato y de la mutual.
Esta última era la principal fuente de los ingresos de los sindicalistas, y la investigación judicial muestra que era usada como caja personal por los gremialistas y sus familiares, que hasta se financiaban sus viajes de vacaciones al Caribe, sus gastos en hoteles de lujo y el pago de impuestos de sus residencias particulares con los fondos de todos los afiliados.
La mutual fue intervenida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en diciembre de 2019, y en febrero de 2020 decidió lo mismo con relación al sindicato, el Ministerio de Trabajo de la Nación que dirige Claudio Moroni.
El argumento de la intervención dado por el Ministerio no deja lugar a dudas. El propósito, dice la resolución, es “normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue con el paso del tiempo generando en el entorno familiar de los principales implicados, un cúmulo de bienes que analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor en toda la comunidad”.
Desde el entorno de Saillén culparon al presidente Alberto Fernández por la decisión de la intervención.
Uno de los hijos del gremialista, Juan, le reclamó al presidente “que se ponga los pantalones, que se ponga a trabajar y que se acuerde que la mitad de los argentinos son pobres, que la mitad de los niños no comen”.
También acusó al mandatario de estar respondiendo a los intereses del líder camionero Hugo Moyano, enemigo declarado de Mauricio Saillén.
