Nuevas demandas, embargos, millonarias deudas con la Afip, atrasos de muchos meses con los proveedores y un desmanejo administrativo que combina atraso y escasa transparencia.
Ese es el panorama común que reportan los informes de la situación relevada hasta el momento en las empresas de la Municipalidad de Córdoba por la gestión de Martín Llaryora.
La revisión comprende a Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese), a Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) y al Ente de Obras y Servicios Públicos (Esop). En Cormecor, la corporación que desde 2012 intentó sin éxito encontrar una solución para el enterramiento de la basura, no se registraron deudas.
El caso de Crese es el más paradigmático, porque la revisión administrativa del estado de situación que dejó la gestión de Ramón Mestre coincide con la investigación penal que realiza la Justicia federal, que la semana pasada imputó a ocho exdirectivos por hechos vinculados a la administración de esa firma. La nueva gestión evitó referirse a esa causa.
Además, a pocos días de asumir, Llaryora tomó la decisión de avanzar en la liquidación definitiva de Crese. El objetivo de la nueva administración es concretar lo antes posible esa disolución, pero el panorama relevado por el encargado de ese proceso, el exconcejal Martín Llarena, encendió todas las alarmas: para cerrar Crese hacen falta al menos 750 millones de pesos, y las estimaciones oficiales indican que la cifra puede llegar a los mil millones.
Según lo que explicó Llarena, el cálculo es preliminar y comprende juicios millonarios como el de la empresa Cotreco y otras casi 40 causas judiciales avanzadas, deudas con proveedores, intereses por pago fuera de término y varios planes de pago con la Afip.
Pese a que desde el inicio de la gestión Mestre la empresa Crese fue desarticulada y relegada a un rol residual en el esquema de higiene urbana, esa firma nunca dejó de recibir millonarias transferencias de la Municipalidad de Córdoba. Tras un ajuste contable realizado en 2018 –luego del pago de indemnizaciones a todos los recolectores del sistema–, Crese reportó un patrimonio neto negativo de más de 78 millones de pesos.
Hoy Crese ya no tiene personal ni funciones operativas a cargo. Si no fuera una sociedad del Estado, ya habría presentado la quiebra, pero lo que se está definiendo es el modo en que el municipio afrontará ese pasivo para concretar la liquidación.
Las cuentas del Esop
El Esop, creado en 2016 por la gestión Mestre, heredó varias características de Crese. Según lo informado por Victoria Flores, presidenta de ese ente que hoy se encarga del barrido y del enterramiento, la deuda al 10 de diciembre ascendía a 400,3 millones de pesos.
Según el reporte oficial, el atraso con proveedores llegaba a 80,2 millones de pesos –el principal acreedor era Cormecor, otro ente municipal–, la deuda con la Afip totalizaba 250,2 millones de pesos, asumidos a través de tres planes de pago, y además se constató otra deuda por aportes y contribuciones del personal (se debían ART, contribuciones patronales, Impuesto a las Ganancias y hasta aportes al Surrbac).
“Lo inmediato fueron el pago a los proveedores y la puesta en marcha del nuevo régimen de compras, que apunta a incrementar la participación de oferentes en las licitaciones, porque era uno de los puntos más críticos”, dijo Flores.
El otro objetivo inmediato de la gestión Llaryora es asignar más tareas a los más de 1.100 empleados que tiene el Esop.
Tal como ocurre con los empleados de la empresa municipal Tamse, esas nuevas funciones tienen que ver con desmalezamiento, cuidado de espacios verdes y mantenimiento general del espacio público. El ente, además, participa ahora en la limpieza de basurales a cielo abierto.
Tamse, arreglando juicios
En la empresa municipal que brinda el servicio de trolebuses, el punto más crítico son las 1.114 causas judiciales que enfrenta desde hace años. La previsión del pasivo que suponen esas demandas laborales y civiles asciende a 367,4 millones. La deuda total reportada por Tamse al 10 de diciembre asciende a 469,4 millones de pesos.
Según el reporte elaborado por Marcelo Rodio, presidente de la firma, esa cifra se compone por la mencionada previsión del pasivo judicial, cheques de pago diferido pendientes de pago por 2,7 millones de pesos, tres planes de pago con la Afip que totalizan 98,2 millones de pesos y una deuda con Epec por algo más de un millón de pesos.
Tras asumir Llaryora, Tamse despidió a una treintena de empleados, la mayoría de los cuales habían sido incorporados luego de la elección municipal del 12 de mayo. El pago de indemnizaciones demandó casi cinco millones de pesos, que se hacen efectivos en seis cuotas.
Crese: entre $ 750 millones y mil millones
Es el pasivo que debe enfrentar el municipio.
En liquidación. Crese está en proceso de liquidación, pero antes el municipio deberá afrontar un pasivo de por lo menos 750 millones de pesos, que puede llegar a mil millones según las previsiones de actualización de causas judiciales. Se registran deudas con proveedores y con la Afip, y resta el cálculo de intereses de esas deudas.
Esop: la deuda llega a los $ 400 millones
El ente opera hace tres años y debe $ 250 millones a Afip.
Impuestos. Pese que comenzó a operar en 2016, el Esop acumula una deuda de $ 250 millones con la Afip y al 10 de diciembre también debía aportes y contribuciones por $ 70 millones. La deuda con los proveedores suma otros 80,2 millones de pesos. El pasivo total al 10 de diciembre llegaba a $ 400,4 millones.
Tamse: un pasivo de $ 469,4 millones
Los 1.100 juicios, el gran problema de la empresa.
Demandas judiciales. Según la información oficial, al 10 de diciembre Tamse acumulaba deudas por $ 469,4 millones. De esa suma, 367,4 millones corresponden a previsiones del pasivo judicial. La firma tiene más de 1.100 causas en su contra. La deuda con la Afip también es importante: asciende a $ 98,2 millones.
Mestre pide que se olviden de él y que “se pongan a gobernar”
“Me siento decepcionado por las mentiras. No es necesario que carguen de culpa y responsabilidad. Que se olviden de Mestre y se pongan a gobernar y darles respuestas a los cordobeses. El impuestazo de (Martín) Llaryora no se tapa con este tipo de acciones”, dijo el exintendente Ramón Mestre al diario Puntal al ser consultado sobre la información que brinda la gestión de Martín Llaryora sobre el estado de situación hallado en la Municipalidad de Córdoba.
Desde hace semanas, Mestre recorre el interior de la provincia en un intento por recuperar liderazgo en la Unión Cívica Radical, que renovará autoridades en agosto próximo. Hasta ahora, no se había referido públicamente a la gestión Llaryora, y la defensa de los ocho años de gestión radical había estado en manos de concejales o de exfuncionarios.
Según lo que oficialmente informa el municipio, el relevamiento de deudas al 10 de diciembre realizado hasta el momento supera los 29.500 millones de pesos. Esa cifra incluye el pasivo de la administración central y el de las empresas municipales Crese, Tamse y Esop.
De esa cifra, más de 13 mil millones de pesos corresponden a deudas financieras (capital e intereses de Letras y un bono de 150 millones de dólares); 8.200 millones corresponden a previsión de juicios que tiene el municipio, y casi 4.700 millones corresponden a deudas con proveedores.
La deuda de corto plazo, que ya es saldada por la gestión Llaryora, supera los siete mil millones de pesos.
Los exfuncionarios de Mestre cuestionaron especialmente el monto que la gestión Llaryora adjudica al pasivo judicial. Los 8.203 millones estimados corresponden a más de 2.900 causas contra el municipio y las empresas.