El Gobierno nacional dispuso, finalmente, que la soja –el cultivo que más divisas genera en el país– pague una retención del 33 por ciento.
A cambio ofreció que 42.406 productores, que representan al 23 por ciento de la producción y que producen entre 100 y mil toneladas, paguen alícuotas escalonadas entre 21 y 30 por ciento.
En total, según el Gobierno, 14.884 productores, que aportan el 77 por ciento de la producción de soja del país, tributarán 33 por ciento.
La decisión de elevar el gravamen, que contaba con el rechazo de la Mesa de Enlace que conforman las entidades gremiales del agro, estaba contemplada en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada por el Congreso de la Nación a finales del año pasado.
El mecanismo de segmentación ya fue utilizado con anterioridad para compensar a productores y sus resultados no fueron satisfactorio.
Ocurrió tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), como bajo la administración de Mauricio Macri, a través del Plan Belgrano.
Con el nuevo esquema impositivo, el Poder Ejecutivo buscará exprimir una vez más, como si se tratara de un cítrico, a la oleaginosa que con el correr de los años viene perdiendo competitividad.
Desde 2002, cuando el Estados restauró las retenciones, la soja fue la abanderada del impuesto.
Arrancó con 13,5 por ciento, subió hasta 35 por ciento y tuvo un intento de llevarla al 45 por ciento, cuando la protesta del campo dejó archivada primero la resolución 125 y luego un proyecto de ley que pretendía instaurar un esquema de retenciones móviles.
Hasta 2008, la soja pareció tener espaldas para absorber la voracidad de un fisco que nunca tuvo entre sus planes un ajuste de su estructura.
Su precio internacional, que rondaba entre los 500 y los 600 dólares la tonelada, le permitía hacer el esfuerzo. Ahora ya no, su valor es de casi la mitad.
Al límite
Ahora el escenario es diferente. Su precio internacional, de 330 dólares la tonelada, cambió su ecuación económica.
Es más, el analista del mercado de granos Pablo Adreani asegura que con una alícuota de 33 por ciento, la soja tiene un valor para el productor de 219 dólares por tonelada. Esa cifra la convierte en un negocio deficitario para sembrarla en las zonas alejadas de los puertos.
Mientras el Gobierno estira una decisión que ya tiene tomada desde hacer varios días –sin nombrarla, el propio presidente Alberto Fernández hizo referencia a la suba del impuesto al grano en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso–, el comercio de granos está paralizado. Por lo tanto, no se están generando divisas.
Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), la decisión de mantener cerrado el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior provocó pérdidas de alrededor de 180 millones de dólares.
La entidad sostiene que sobre el río Paraná hay una decena de barcos a la espera de poder cargar granos de soja, harina y aceite de soja y maíz.
Si la demora se extiende, Argentina tiene riesgo de incumplir con esos contratos comerciales. No obstante, el miércoles el registro sería reabierto.
Impacto
Con precios en baja y con la alícuota adicional de tres puntos, el nuevo aporte fiscal que se le pide a la soja rondaría los 500 millones de dólares. Muy poco para una economía que, además de fondos, necesita de una reestructuración de su sector público. Una materia pendiente mucho más vieja que la historia de la soja en la Argentina.
Pero pedirle un nuevo esfuerzo al agro –en este caso, a los productores de soja– sigue siendo para el Estado mucho más fácil que encarar su propio ajuste y llevar a cabo una reforma impositiva integral, con un sentido más amplio de la solidaridad.
“¿Si el ajuste empieza por casa?”. Así reflexionó la Sociedad Rural de Jesús María a través de un comunicado en el que cuestionó la decisión oficial de que sólo sea el agro el que realice esfuerzo “solidario”, mientras el poder político sigue sin achicar sus gastos.
La entidad propone hacer foco en otros sectores que, generalmente, no son destinatarios de ningún ajuste.
Sostiene que, si el fin es recaudar más, el Estado bien podría: disminuir el gasto en dietas y sueldos de asesores del Poder Legislativo Nacional, así como achicar el gasto público de la estructura parlamentaria de las provincias.
Además de incrementar los ingresos a partir del pago de Impuestos a las Ganancias por parte de los jueces y los funcionarios judiciales; y achicar el gasto en publicidad del Poder Ejecutivo.
Mientras el esfuerzo no sea compartido, es más fácil seguir cazando en el zoológico.
