El anuncio en plena crisis por el coronavirus del rey Felipe VI de que renuncia a la herencia de su padre ante la investigación abierta contra Juan Carlos en Suiza, tras verse salpicado por sospechas sobre sus finanzas, desató ayer fuertes críticas en España, donde uno de los socios del gobierno de redobló la presión para lograr una investigación parlamentaria.
“Gracias Felipe por dar la razón a quienes sostenemos que la fortuna de tu padre no es legítima”, escribió en su cuenta de Twitter Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en el Congreso de los Diputados.
“Hoy las luces y los taquígrafos sobre la monarquía, sin embargo, son más urgentes que nunca, queremos saber”, añadió el diputado del partido que forma parte del gobierno de coalición, liderado por el socialista Pedro Sánchez, quien se encuentra absorbido por la gestión de la pandemia.
Ante la resistencia del Partido Socialista (Psoe) de Sánchez de avanzar en una investigación parlamentaria debido a la “inviolabilidad” del rey consagrada en la Constitución, sus socios de UP, el partido Más Madrid y los nacionalistas e independentistas catalanes anunciaron que buscan juntos “vías legales” que permitan investigar las finanzas de Juan Carlos.
Decisión
Felipe VI sorprendió en la noche del domingo con un comunicado en el que anunció que renunciaba a su parte de la herencia que le corresponde de su padre, y que, además, Juan Carlos ya no percibirá la asignación que le corresponde de la partida de los Presupuestos Generales del Estado por su condición de rey emérito.
La nota hace referencia a las “informaciones aparecidas en los medios de comunicación”, luego de que la prensa local se hiciera eco de una publicación del diario británico The Telegraph que sostuvo que Felipe VI es el segundo beneficiario de la fundación off shore a través de la cual Juan Carlos recibió 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudita. La justicia suiza investiga la procedencia del dinero saudita que presuntamente fue pagado en concepto de coimas por los contratos obtenidos por empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad a La Meca.
La pesquisa judicial salió a la luz a raíz de una supuesta donación de 65 millones de euros que el rey emérito hizo en 2012, cuando todavía era jefe del Estado, a Corinna zu-Sayn-Wittgenstein, la que fuera su pareja extramatrimonial.
La bomba mediática que supuso la declaración de Felipe VI se vio completamente atenuada por el impacto de la crisis de la pandemia de coronavirus, que sigue avanzando en España.
En este contexto, el líder del opositor Partido Popular (PP), Pablo Casado, mostró su apoyo al actual monarca y los socialistas también expresaron su “máximo respeto”, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, admitió que la decisión de Felipe VI tiene una gran importancia, al tiempo que pidió que se deje avanzar a la justicia de Suiza.
El diputado es el representante de UP en la Mesa del Congreso, el órgano que puede decidir si finalmente se abre o no una investigación para depurar responsabilidades políticas contra Juan Carlos, el heredero designado por el dictador Francisco Franco que ejerció como jefe de Estado en España durante casi 40 años.
