Mientras que el avance del coronavirus amenaza con poner en cuarentena a las protestas, el presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, presentó ayer una propuesta de reforma que busca modernizar y devolver el prestigio al cuerpo de Carabineros (Policía), que ha sido muy criticado por su papel en la represión de las protestas sociales que están a punto de cumplir cinco meses.
“Carabineros son y deben seguir siendo ese pilar fundamental de nuestra República, da eficacia a las leyes (…) y se han ganado un cariño y un respeto que en los últimos tiempos se ha visto afectado, pero que es fundamental para todos los chilenos recuperar”, dijo el mandatario, quien cuenta con niveles muy bajos de aprobación ciudadana.
La reforma, que será presentada próximamente ante el Parlamento y para la que el mandatario pidió el apoyo de las distintas bancadas, está inspirada en un informe realizado por una comisión especial interdisciplinaria y consta de un centenar de medidas que giran en torno a tres ejes: “orden público y derechos humanos, modernización y cercanía”.
Entre las propuestas más relevantes, se encuentran aumentar el grado de transparencia de la institución, crear protocolos para el uso de las escopetas antidisturbios y otras herramientas, o la capacitación de funcionarios.
“Mañana (por hoy) se cumplen cinco meses desde el 18 de octubre, y todos sabemos que para Carabineros han sido tiempos extraordinariamente difíciles. Quiero agradecer a todos y a cada uno porque, a pesar de los errores, sabemos que han entregado un esfuerzo y han demostrado su compromiso”, señaló el mandatario.
Piñera, que desde el inicio del estallido ha apoyado a la institución y ha rechazado cesar al director pese a las denuncias por abusos, insistió en que las violaciones son hechos aislados y pidió “no confundir conductas de una institución con errores y faltas de algunos de ellos”.
El cuerpo policial se encuentra en el punto de mira desde el inicio de la crisis y ha sido acusado por organismos internacionales como ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Right Watch (HRW) de hacer un uso excesivo de la fuerza y cometer graves violaciones a los derechos humanos en las marchas.
Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó en octubre como un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de la capital para protestar contra el aumento de la tarifa y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
La crisis ya ha dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.
El plebiscito
Todas las formaciones políticas con representación en el Congreso de Chile se han unido para pedir un aplazamiento del plebiscito del 26 de abril para elegir una nueva Constitución en Chile, al que más de 14 millones de chilenos están llamados a participar.
“Este no es el momento para la división. Hacemos nuestras las propuestas del colegio, necesitamos medidas urgentes y drásticas (…) No hablamos de medidas particulares, pero eso requiere revisar el calendario electoral de este año”, dijo el presidente de los democristianos, Fuad Chahin.
En la misma dirección se expresó el líder del Partido Socialista de Chile, Álvaro Elizalde, quien señaló: “El plebiscito tiene que hacerse, pero la fecha tendrá que evaluarse sobre la base de consideraciones de carácter técnico”.
Para el dirigente de Renovación Nacional, Mario Desbordes “es evidente que los eventos electorales hay que reprogramarlos puesto que los informes indican que para la fecha del plebiscito Chile estará en el pico de la enfermedad”.
La consulta de reformar la Constitución pinochetista supone una de las principales reivindicaciones de la sociedad chilena, que se echó a las calles el pasado mes de octubre para exigir mejoras en la calidad de vida de la clase trabajadora y el fin de las políticas de austeridad de Piñera, cuya gestión provocó las fuertes críticas de la comunidad internacional por las violaciones contra los Derechos Humanos que se han denunciado durante las protestas.
Poca gente en las calles: Menos manifestaciones
Las restricción de movimiento hizo mermar las protestas.
Debido al avance del coronavirus, el Gobierno chileno ha ido restringiendo paulatinamente el número máximo de personas que pueden participar en un acto público y en el horizonte se perfila una cuarentena obligatoria que afecta de lleno a la movilización ciudadana que vive el país desde el 18 de octubre de 2019.
Sin embargo, dirigentes de agrupaciones y sindicatos dijeron que el aplazamiento de las protestas no implica que en el futuro no habrá más movilizaciones. “Si bien la restricción de movimiento puede tener un impacto en las movilizaciones, creemos que hoy día lo urgente y prioritario es la salud y por supuesto apoyaremos las medida que ayuden a evitar una propagación del virus como hemos visto en otros países y eso exige una cuarentena que debe ser implementada ya”, dijo el dirigente de Unidad Social Esteban Olivares.