El gobierno de Bolivia acusó hoy al ex presidente Evo Morales de “terrorismo”, por mandar “morir a su gente” en protestas callejeras en plena pandemia de coronavirus, y de “desestabilización” por sus declaraciones políticas.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsabilizó a Morales y al sindicalista Andrónico Rodríguez por las manifestaciones que desde hace más de un mes se realizan en el Chapare, la zona de Cochabamba donde el ex mandatario surgió como dirigente cocalero.
“Los dirigentes irresponsables hicieron que se movilizara la gente, que saliera en masa, y hoy estamos recibiendo los resultados de esos dirigentes irresponsables, como Andrónico Rodríguez y Evo Morales”, afirmó Murillo, para quien el aliento a esas protestas es “como si estuvieran sembrando coronavirus”.
“Eso es terrorismo, es condenable lo que hace, aprovechándose de que mucha gente en el Chapare y otros lugares cree en él, señor Evo Morales, está mandando a morir a su gente”, sostuvo el funcionario, y preguntó “¿cuántos muertos más quiere para tranquilizarse?”, según la agencia noticiosa estatal ABI.
En tanto, la cancillería dijo en un comunicado que “Morales utiliza una vez más su condición de asilado en la Argentina para buscar desestabilización en Bolivia y poner en duda la soberanía e independencia política del país”.
En las últimas horas, Morales cuestionó el manejo oficial de la pandemia e involucró al gobierno de Brasil en los hechos que desembocaron en la salida de la Presidencia, en noviembre pasado, y a los que él calificó como golpe de estado.
“Gobierno de facto decidió encapsular cinco municipios del trópico que tienen el 25% de contagios de Covid-19 pero no toma recaudos con municipios metropolitanos que reportan 75%; el mayor índice de contagios se registra en oficiales, soldados y cocineros de Fuerza de Tarea Conjunta”, escribió el ex mandatario ayer en Twitter.
Asimismo, en una entrevista publicada hoy por el diario argentino
Página/12
, afirmó que “hubo participación de la embajada de Brasil” en La Paz en una reunión con dirigentes políticos y “algunos jerarcas de la Iglesia católica” que fueron “actores del golpe de estado”.
