La directora general de Asuntos Legales de la presidencia del Senado, Graciana Peñafort, presentó este viernes una denuncia contra la exvicepresidenta Gabriela Michetti por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.
La abogada, una cercana colaboradora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló que “Michetti le dio más de 180 millones de pesos a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación” y que “la empresa no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación de la obra”.
En un comunicado, señaló también que “se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares” y certificados de obra que “no coinciden con el avance de la misma”.
También señaló que “se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna” y que “dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada”.
Además, señaló que “no se ha podido certificar que dichos anticipos —en todos los casos de un 5 y un 20 por ciento del monto total de la obra sin haberse siquiera dado comienzo efectivo a las tareas— hayan sido utilizados para los fines declarados”; y que “se han pagado certificados de obra por tareas que no han sido ejecutadas”.
Los hechos
La denuncia de Peñafort está referida a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del Senado, en la cual Dinale S.A. fue la única empresa presentada a licitación, y por lo tanto, adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto total de 249,6 millones de pesos, cuyo plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra (20 de mayo de 2019, venciendo el día 20 de febrero de 2020).
Según la denuncia, la empresa solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5 por ciento del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30 por ciento —del cual se aprobó un 25 por ciento y se otorgó un 20 por ciento— y lleva presentados 8 certificados de obra, sumando todo ello un porcentaje total de 84 por ciento del total de la obra, de los cuales se abonó un monto total de 181 millones, correspondiente a un 72,6 por ciento del monto de la licitación.
“La obra se encuentra incumplida y su plazo vencido”, dice la denuncia.
Los otros trabajos son la reestructuración de vías de escape, contra incendio, pleno de escalera, nuevo ascensor, para los cuales la empresa solicitó un anticipo financiero del 5 por ciento por un total de 4,2 millones, y que el 22 de julio de 2019 la empresa solicitó nuevamente una ampliación del monto anticipado, esta vez por un 30 por ciento del monto del contrato.
Michetti, dice la denuncia, recomendó el otorgamiento de un anticipo financiero correspondiente a un 25 por ciento del total adjudicado, el cual es efectivamente otorgado por medio de un acto administrativo que no cuenta con fecha y cuya firma siquiera contiene la aclaración correspondiente.
En octubre de 2019, esto es, a casi cuatro meses de iniciadas las obras —que debían durar diez— la empresa presenta una propuesta de readecuación de la obra original, cuya consecuencia directa era la ampliación de los montos de contratación.
Señala que se han pagado adelantos porcentualmente importantes respecto del monto total de la obra, y los primeros cuatro certificados de obra, siendo que, a la fecha, conforme los informes de obras incorporados al expediente, la obra se encuentra recién avanzada en un 12,17 por ciento.
Se indicó, además, que se abonaron certificaciones de avance de obra que no se corresponden con el avance concreto de la obra ni con los montos anticipados de manera previa y excepcional.
Y que la totalidad de los certificados de obra aprobados refieren a trabajos preliminares, no acreditados, y en ninguno se ve reflejado el inicio de obra propiamente dicha, a pesar de los pagos realizados.
“Otra grave irregularidad: a fecha y pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco gestionó en consecuencia los correspondientes permisos de obra, no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes”, dice la denuncia de Peñafort.
