El Poder Ejecutivo envió ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el proyecto de reforma a la comúnmente llamada “Ley de Economía del Conocimiento”, que limita beneficios y aumenta el costo para las empresas, con el objetivo de reducir el impacto fiscal que tiene sobre las cuentas del Estado.
La ley 27.506, aprobada el año pasado, durante los últimos meses del Gobierno de Cambiemos, creó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que además de apoyar a la industria del software (como lo hacía la anterior ley 25.922) sumó a rubros como la actividad científica, las comunicaciones y los servicios profesionales de alta calificación.
Este régimen establece rebajas impositivas, reducciones de aportes patronales y otros beneficios que aportan una estabilidad fiscal absoluta durante 10 años a todas las empresas de base tecnológica que exportan software y servicios que entraban al régimen, con el compromiso de invertir en capacitación y en investigación y desarrollo de innovaciones.
Ahora, la administración del presidente Alberto Fernández reduce las exigencias para las micro y pequeñas empresas (porcentajes de erogaciones en capacitación e investigación y desarrollo), no así para las grandes, pero condiciona la continuidad y la magnitud de los beneficios en función de cupos que establecerá el Ejecutivo, según la situación fiscal y presupuestaria en cada año.
Este esquema mantiene incentivos como el 60 por ciento de desgravación en Ganancias. Sin embargo, cambia el sistema de rebaja en contribuciones patronales, que era un mínimo no imponibles de 12 mil pesos actualizable con la inflación, a un bono fiscal por el 70 por ciento de las contribuciones patronales efectivamente pagadas, esquema utilizado por la anterior ley 25.922 y que en general no mostró mayores problemas.
Además, el proyecto excluye del régimen a la actividad de autodesarrollo, lo que para muchos apunta directamente a firmas como Mercado Libre y Despegar, que producen software para su propia actividad.
También recorta el ingreso a firmas de servicios profesionales, al exigir que el 70 por ciento de las ventas sean exportaciones y excluir a firmas sin facturación.
En evaluación
Por ahora, las entidades del sector evalúan los detalles de la norma, algunos de los cuales aparecen como positivos, mientras otros surgen como una amenaza.
“Luego de un arduo trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) celebra que el proyecto sea debatido por la Cámara de Diputados en su próxima sesión”, indicó ayer la entidad nacional en un comunicado.
La preocupación mayor es que se pierde la estabilidad fiscal. “Es positivo que las exigencias se regulen en función del tamaño de las compañías. Pero la pérdida de estabilidad fiscal por 10 años afecta a las empresas, porque un plan de inversiones se piensa a mediano y a largo plazo, y así no se puede determinar si los beneficios a futuro serán los originalmente previstos o serán inferiores”, explica Pablo Gigy, secretario del Córdoba Technology Cluster.
Otro dato importante es que eleva los costos para las empresas. Hasta ahora, debían aportar cuatro por ciento de los beneficios del régimen para financiar las auditorías que se hacen a las compañías y otro 1,5 por ciento para un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec); con esta reforma, este último aporte pasará a ser de otro cuatro por ciento.
El comunicado enviado ayer lleva la firma del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Andrés Cafiero, y del propio Alberto Fernández.
Auditorías en retraso
Hay empresas que podrían perder los beneficios.
En el sector privado, advierten que con la reforma enviada por el Ejecutivo las empresas perderán los beneficios si tras las auditorías tienen observaciones que no fueron corregidas o respondidas, lo que a primera vista aparece como algo lógico. El problema es que en el Ministerio de Desarrollo Productivo hay informes de auditorías atrasados de hasta 2016 que nunca fueron comunicadas a las empresas y que, por lo tanto, quedarían fuera del régimen.
