A fines de este mes, el gobierno de Alberto Fernández anunciará una reestructuración del entramado de planes sociales destinados a quienes están en condiciones de trabajar, para que brinden obligatoriamente una contraprestación al Estado.
Se establecerán jornadas de trabajo, con horarios de ingreso y de salida, se asignarán tareas y los beneficiarios percibirán como piso una suma similar al salario mínimo, vital y móvil, hoy en 16.875 pesos.
Esto será coordinado entre el Estado nacional, las provincias, los municipios y las instituciones públicas.
La idea es que la Casa Rosada financie el 50 por ciento del ingreso de cada trabajador y quien reciba la contraprestación, la otra mitad.
Actualmente, los programas nacionales de empleo del Ministerio de Trabajo tienen unos 111 mil beneficiarios. Habían sido 208 mil en diciembre de 2018, pero el macrismo los redujo por al ajuste fiscal.
Los beneficiarios están repartidos en distintos programas prestacionales como: Sostenimiento del Empleo, Programas para el Autoempleo, Programas de Formación, Programas de Inserción al Trabajo y Prestación Básica Dineraria.
El fisco destina a su financiamiento unos cuatro mil millones de pesos al año. Y es ínfima la porción de esta población que hoy le brinda alguna contraprestación al Estado.
En Buenos Aires está el 19 por ciento del total de los planes, con unos 21.400. En Santa Fe hay unos 14.000, otros 12.000 están en Córdoba. San Juan y Jujuy tienen unos 9.000 cada una. Catamarca y Misiones, unos 6.000. Tucumán y Mendoza, unos 4.500. Y el resto se reparte en las otras jurisdicciones.
Hasta ahí sería una primera etapa. Pero el Gobierno también quiere incluir luego a quienes forman parte del programa Hacemos Futuro, que cuenta con casi 250 mil beneficiarios en todo el país.
Este plan actualmente sólo exige cumplir con entre 120 y 300 horas anuales de formación a quien esté cursando estudios primarios o secundarios. Y quien esté cursando estudios terciarios o universitarios realiza un taller de orientación laboral.
Contraprestación
El proyecto del Gobierno nacional es que estos trabajadores reciban el pago del Estado y salgan a limpiar las calles o a cortar el pasto en los municipios, arreglar escuelas y otras pequeñas obras públicas, y actividades que mejoren la calidad de vida de las comunidades.
La concepción oficial indica que, dándole un giro estratégico a estos planes, se podrá contribuir a un sistema de promoción, organización y apoyo al desarrollo local con una perspectiva estratégica, desde la Economía Social.
La novedad fue confirmada por el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, en una reunión con intendentes y legisladores correntinos, con los que dialogó La Voz cuando salieron del encuentro en la sede del ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Miguel Arias, diputado correntino por el PJ, le explicó a este medio que la iniciativa será lanzada después del 20 de febrero. “Es una nueva modalidad que garantizará que quien cobra un plan social brinde una contraprestación y reciba un salario”, explicó el legislador peronista.
Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social de la Nación e histórico referente del Movimiento Barrios de Pie, consideró que estas iniciativas son cruciales para “dejar atrás 25 años de asistencialismo”.
La idea está en plena elaboración por los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social); con participación de Menéndez y Pérsico, un referente del Movimiento Evita.
Menéndez explica que para la administración de Alberto Fernández “los movimientos sociales son parte de las soluciones y no de los problemas”. Por lo que ahora se “irá a fondo con las reformas necesarias” en lo que tiene que ver con los planes sociales.
Durante la campaña electoral, Daniel Arroyo había anticipado esta propuesta de impulsar que los beneficiarios de planes sociales presten alguna contraprestación por los fondos que reciben del Estado nacional.
“El único modo de combatir la pobreza es con empleo genuino. Mientras la economía se recupera, hay que darle dignidad a los más necesitados”, dijo Arroyo.
Contraprestación: No obligatoria
Capacitación y un pago hasta llegar a un salario mínimo.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó ayer que los beneficiarios de un nuevo plan social recibirán capacitación laboral y realizarán trabajos en distintas áreas pero no será obligatorio, por lo que percibirán un pago extra mensual que representará el valor de un salario mínimo, vital y móvil. Desde la cartera explicaron que “no será obligatorio ni una condición excluyente para los beneficiarios realizar una tarea laboral para que continúen percibiendo el plan”.
