La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba decidió la liberación de los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, quienes se encontraban detenidos en la cárcel de Bouwer desde agosto de 2019.
El organismo judicial habilitó la feria para tratar los pedidos de excarcelaciones que presentaron las defensas, y decidió que cada uno deberá cumplir con una fianza de 10 millones de pesos.
Ambos directivos del gremio de recolectores Surrbac se encuentran procesados por lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación, en perjuicio de los propios afiliados de su gremio, mutual y obra social.
El fallo de la cámara no fue unánime, ya que a favor de la libertad de los gremialistas se expresaron Luis Rueda y Abel Sánchez Torres, mientras que Eduardo Ávalos se expresó a favor de mantener firme la resolución judicial anterior que había decidido que continuaran detenidos.
La misma cámara les había negado el pedido de libertad en diciembre de 2019 dado las reacciones que habían tenido los gremialistas frente al proceso judicial en su contra.
El pasado 20 de febrero los pedidos de excarcelaciones fueron rechazados por segunda vez, pero esa vez los sindicalistas contaron con la voz a favor del fiscal federal Enrique Senestrari, quien se pronunció a favor de que los liberen.
Saillén y Catrambone seguían detenidos hasta hoy porque el juez federal Ricardo Bustos Fierro no coincidió con la visión de Senestrari y recordó que la libertad de los gremialistas sería un peligro para los denunciantes de las maniobras cometidas en el Surrbac, quienes ya han sufrido agresiones, asaltos y hasta un intento de homicidio durante el último año.
Bustos Fierro además recordó que Saillén y Catrambone obstaculizaron el accionar de la Justicia el día que fueron a detenerlos a sus domicilios, cuando organizaron sendos cercos de camiones recolectores para que las autoridades no pudieran trasladarlos a prisión.
También fue agredido, por miembros del Surrbac, un camarógrafo de Canal 12 cuando se encontraba trabajando frente al country donde vive Catrambone.
La causa por la cual se encontraban detenidos Saillén y Catrambone es solamente una de las numerosas investigaciones judiciales en las que son investigados en tribunales provinciales y federales.
Saillén es uno de los gremialistas cordobeses más controvertidos, ya que, a través de su sindicato, ha presionado a las últimas gestiones municipales y a las empresas concesionarias del servicio de recolección de basura, que muchas veces terminaron cediendo a sus reclamos por temor a las consecuencias que pueden sufrir.
Además en los últimos años se lanzó decidido a la arena política, compitiendo territorialmente con el peronismo provincial y el resto de los partidos y dando un apoyo decidido al kirchnerismo. El último acto que Alberto Fernández realizó en el estadio Orfeo, de la ciudad de Córdoba, como candidato presidencial, fue organizado y militado por los seguidores de Saillén.
A consecuencia de las graves maniobras financieras detectadas por la Justicia, el sindicato Surrbac y su mutual se encuentran intervenidos por decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Inaes.
Llaman la atención algunos de los argumentos que da la cámara para la liberación de los gremialistas, porque el mismo cuerpo judicial había decidido hace solamente cinco meses que ambos debían permanecer detenidos.
Uno de los párrafos que sobresale en la resolución, que integra el voto del camarista Luis Rueda, parece hacer lugar al argumento de moda en la política argentina, sobre que algunos personajes públicos son víctimas del lawfare, la guerra judicial contra ellos que emprenderían los tribunales junto con los medios periodísticos.
Es la doctrina, surgida en Estados Unidos, que actualmente sostiene la vicepresidenta Cristina Fernández como respuesta a las numerosas causas por corrupción en las que se encuentra procesada.
Rueda afirma, para argumentar a favor de la libertad de los gremialistas, que “la profusa difusión mediática de lo investigado”, vista “sociológicamente, impacta clara y desfavorablemente respecto del imputado Saillén y el resto de los imputados”.
Luego el mismo camarista dice que el riesgo procesal que ahora tienen los gremialistas es menor, porque la mutual y el sindicato ya están intervenidos “con desplazamiento total de sus anteriores autoridades”.
En realidad, como ha contado este medio, la intervención del Ministerio del Trabajo al gremio es acotada, al punto de que algunas de sus anteriores autoridades, integrantes de la comisión directiva que presidía Saillén, siguen en sus lugares.
También de la lectura de la resolución parece brotar la conclusión de que Saillén y Catrambone deben quedar en libertad debido a la excepcional situación de pandemia que se vive en Argentina y el mundo, aunque en ningún momento se aclara en concreto cómo los afectaría esta circunstancia personalmente a los gremialistas.
El camarista que votó en contra de la liberación de ambos, Ávalos, hace notar que el coronavirus “en modo alguno altera el criterio” en este caso no sólo por la decidida acción que están tomando el Estado argentino “sino porque tampoco se han detectado casos de contagio en el ámbito del servicio penitenciario provincial”.
El mismo Ávalos señala que los motivos más importantes por los que la Cámara había decidido la continuidad de las detenciones, no han variado: Saillén y Catrambone cuenta con un signicativo poder económico con el que podrían eludir la acción de la Justicia, son jefes de una asociación que se maneja con “aprietes” contra otras personas y contarían con funcionarios que les filtran información anticipada sobre procedimientos judiciales.
Además, agrega Ávalos, la instrucción no está terminada, y las extensas penas de prisión que contemplan los delitos por los cuales están acusados, elevarían también el riesgo de que intenten eludir la acción de la Justicia.
En la resolución se impusieron los argumentos de Rueda y Sánchez Torres que interpretaron, tal lo solicitado por los abogados defensores de los sindicalistas, que las circunstancias han cambiado, y que ni Saillén ni Catrambone representan hoy un riesgo para la continuidad del proceso judicial.
En este caso también se juega el enfrentamiento existente entre el fiscal federal Enrique Senestrari y el juez federal Ricardo Bustos Fierro. El fiscal está interesado en motorizar más la rama de la investigación que involucra a los empresarios de la firma recolectora Cotreco, punto de vista en el que coincide con la posición de los sindicalistas del Surrbac. Desde el juzgado, en tanto, critican falta de decisión del fiscal a la hora de avanzar sobre las líneas sindical y política de la causa.
Una de los integrantes de la Cámara Federal, Liliana Navarro, ya se había apartado del caso luego de admitir que tiene “amistad íntima” con los gremialistas, que estuvieron entre los concurrentes a su juramento en el cargo.
