El Salvador ingresó en los últimos días en una crisis política sin precedentes que tiene como telón de fondo la nueva estrategia del gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, o “maras”, el principal flagelo de la nación centroamericana.
El desencadenante es el crédito de 109 millones de dólares que El Salvador necesita solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) para financiar la fase III del Plan de Control Territorial para “modernizar” a las fuerzas de seguridad.
Bukele, que llegó al poder el pasado 1º de junio tras dar la sorpresa en las elecciones presidenciales del 3 de febrero, ha hecho de la lucha contra las maras uno de los ejes de su gobierno.
Así, en su primer mes como presidente, anunció el Plan de Control Territorial para combatir a las pandillas, que se desarrollará en tres fases con un costo total de 575,2 millones de dólares, de los cuales unos 200 millones de dólares deberían salir del Bcie.
El Bcie ya ha dado luz verde a la ejecución de este dinero entre 2019 y 2021, si bien aún es necesario que la Asamblea Legislativa de El Salvador ratifique los contratos de préstamo.
Precisamente con esta intención, Bukele anunció el pasado jueves que el Consejo de Ministros convocaría para el domingo siguiente una sesión extraordinaria en el Congreso. El mandatario se amparó en el artículo 167.7 de la Constitución, según el cual el Gobierno puede forzar una reunión plenaria “cuando los intereses de la República lo ameriten”.
El Parlamento reaccionó el viernes rechazando por 64 votos frente a tres y una abstención la sesión extraordinaria, porque “no basta la simple invocación de la seguridad nacional” para activar el artículo 167.7, “que debe utilizarse de modo excepcional debidamente motivado” por “reales circunstancias fácticas”.
“No obstante que el tema de seguridad tiene una alta prioridad para este pleno, la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional, sino que ello implica endeudamiento, para lo cual la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Constitución, está en la facultad para hacer un control en las finanzas públicas”, esgrimió.
Entonces, Bukele invocó directamente al artículo 87, por virtud del cual “se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
Obedientes
En medio de este choque de poderes, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el ministro de Defensa René Merino y Mauricio Arriaza, respectivamente, ratificaron que los uniformados se mantienen “obedientes” a Bukele. El domingo, militares y policías fueron a buscar a los diputados opositores a sus casas con la orden “verbal” de Bukele para que participaran en la sesión extraordinaria, pese a lo cual muchos se negaron.
“Yo le pregunté a Dios y me dijo: ‘paciencia’”, dijo Bukele ante sus seguidores, concentrados frente al Congreso. “Si estos sinvergüenzas no aprueban el Plan de Control Territorial, los volveremos a convocar el día domingo (…). Una semana más les vamos a dar”, indicó, prolongando así la crisis política.
Los dos pilares del gobierno de Bukele son la lucha contra la violencia y la corrupción, que han confluido en el marco de las investigaciones contra dirigentes del FMLN y de Arena por sus presuntos vínculos con las pandillas.
La operación Cuscatlán contra las bandas criminales terminó en diciembre con 373 pandilleros condenados, muchos de los cuales testificaron que tanto dirigentes del FMLN como de Arena se reunieron con las pandillas para conseguir su apoyo de cara a las elecciones de 2014 y de 2015.
Este operativo de seguridad se enmarca en el plan de Bukele contra las pandillas, con el que busca, por un lado, recuperar el control de los territorios que ahora controlan las maras, y, por el otro, “descabezar” a estas bandas criminales en las cárceles.
Bukele persigue de esta forma un doble objetivo: asfixiar económicamente a las pandillas, ya que, al privarlas de su territorio las privaría también de sus negocios, entre los que se destacan el narcomenudeo y la extorsión; y cortar la cadena de mando, puesto que la mayoría de las órdenes proceden de los cabecillas apresados.
Para Bukele hay una clara relación entre la negativa de los diputados del FMLN y de Arena a lanzar la fase III del Plan de Control Territorial y el cada vez más estrecho cerco judicial sobre sus dirigentes por sus supuestos nexos con las pandillas.
La oposición, en cambio, ha alertado sobre un “autogolpe” y ya denunció a Bukele por un delito de sedición.
Las 5 claves: Conflicto en El Salvador
La puja entre Nayib Bukele y el Parlamento.
1. Eje de gobierno. Desde que asumió, en junio de 2019, Bukele hizo de la lucha contra las pandillas (“maras”) su principal objetivo.
2. Parlamento ajeno. Bukele carece de apoyos en el Congreso, por lo que debe negociar cada ley que impulsa.
3. Crédito. Para combatir a las maras, Bukele solicitó un préstamo de U$S 109 millones que deber aprobar el Congreso.
4. Negativa. El Parlamento rechazó el viernes la sesión extraordinaria para debatir el préstamo. Bukele recurrió a la fuerza militar.
5. El plazo. Con el Congreso tomado por los militares, Bukele les dio una semana más a los parlamentarios para que votaran.
