Aunque el proceso de verificación de deudas está lejos de finalizar, la gestión municipal de Martín Llaryora empieza a ponerle números a la herencia que Ramón Mestre dejó el 10 de diciembre en la Municipalidad de Córdoba: la deuda con los proveedores del municipio, el atraso con el personal y los vencimientos inmediatos de compromisos financieros totalizan una suma cercana a los siete mil millones de pesos.
Cuando a esa cifra explosiva se le agregan los compromisos de largo plazo, la cifra supera los 26 mil millones de pesos.
Para llegar a ese número, la gestión Llaryora cuenta el pasivo que representan los más de 1.800 juicios que tiene el municipio, los planes de pago a largo plazo con la Provincia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), las expropiaciones pendientes de pago y la deuda financiera. Esta se compone de un pasivo bancario de más de 4.800 millones de pesos y de un bono de 150 millones de dólares, cuyos intereses semestrales vencen en los próximos días.
Es la deuda de corto plazo la que complica en extremo el arranque de la administración Llaryora. En especial, los atrasos con los proveedores, que en muchos casos debieron ser renegociados o cancelados para que se restituyeran las prestaciones habituales.
Ese pasivo es verificado por la nueva gestión, en un proceso que está a varios meses de finalizar, pero el viernes pasado el monto ya acreditado llegaba a 4.684,2 millones de pesos.
La cifra informada por la gestión Llaryora contrasta enormemente con los 1.322 millones de pesos que la gestión Mestre admitió deberles a los proveedores –entre deuda flotante y cheques de pago diferido– en su informe económico de final de gestión. Hay numerosos ítems que ese documento elaborado por el exsecretario de Economía Hugo Romero no contemplaba al describir el estado de situación del municipio.
Otro detalle de peso: se trata sólo de la deuda de la administración central del municipio. No se contemplan en esos datos los pasivos del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop) ni de las empresas municipales Crese y Tamse, que también son millonarios.
En plena renegociación
¿Cómo se compone la deuda de más de 4.600 millones con los proveedores del municipio? Florencia Constantino, subsecretaria de Hacienda, explicó que hasta el momento se constataron deudas flotantes con los principales prestadores de servicios por 1.298 millones de pesos, que al 10 de diciembre se encontraron cheques de pago diferido pendientes de cancelación por otros 970,4 millones y que los reconocimientos de servicio pendientes de pago y las deudas de caja chica suman otros 112 millones de pesos.
Según explicó la funcionaria, el otro frente de altísimo impacto es el atraso generalizado en las redeterminaciones de precio de las prestaciones. Todos los contratos tienen cláusulas de actualización y en la inmensa mayoría de los casos las redeterminaciones están muy atrasadas.
Por ejemplo, la recolección de basura se paga a precios de mayo. El racionamiento en cocido para hospitales y para escuelas se paga a precios de 2018 y acumula deudas millonarias: para continuar la prestación, los proveedores exigen no sólo el pago de las facturas atrasadas, sino también la actualización de precios.
Hasta ahora, las redeterminaciones que actualizaron precios al 10 de diciembre suman 1.029 millones de pesos. Ese proceso apenas se está iniciando. “La deuda que implican las redeterminaciones pendientes es muy elevada y no sólo impacta en lo que hay que pagar hacia atrás, sino en el Presupuesto 2020”, indicó la funcionaria.
Otro rubro que está en plena evolución es el de gastos que figuran como comprometidos pero no devengados. Ascienden a 1.274 millones de pesos, y constatar si se concretaron o no supone una búsqueda expediente por expediente.
Constantino recalcó la dificultad que supone ese proceso en una administración que hasta ahora se movió íntegramente con expedientes de papel que van de una oficina a la otra. Son miles de carpetas que son revisadas, y cientos de proveedores que ya fueron citados a reuniones donde se renegocian pagos y precios.
Hasta el momento, los pagos se refinancian con cheques de pago diferido. La gestión Llaryora decidió no aplicar la receta que en 2012 usó Mestre: la emisión de títulos de cancelación de deudas, que estiró los pagos hasta un plazo de ocho años (la deuda que había dejado Daniel Giacomino se terminó de pagar días antes de que terminara la segunda gestión de Mestre).
El objetivo de la actual administración es normalizar en un período mucho más corto los pagos y avanzar de inmediato con nuevas formas de contratación: en breve se pondrá en marcha el sistema de subasta electrónica, previsto en el nuevo régimen de compras.
El agujero inicial que encontró la administración Llaryora también incluyó compromisos inmediatos a nivel salarial. El detalle brindado por Economía indica que al 10 de diciembre se adeudaban 959,5 millones al personal municipal. Constantino indicó que se debían indemnizaciones por accidentes laborales, el refrigerio de noviembre, y también incluyó en esa cifra el sueldo anual complementario (SAC o aguinaldo). Todas esas obligaciones fueron canceladas con fondos girados por la Provincia.
Para llegar al total de siete mil millones de pesos de deuda de corto plazo, la cuenta incluye los compromisos financieros urgentes: entre el 22 y el 26 de este mes hay vencimientos de letras del Tesoro emitidas por Mestre por 600 millones de pesos, y el 29 de marzo opera el vencimiento semestral de intereses del bono de 150 millones de dólares emitido en 2016. Son 11,8 millones de dólares, que en pesos representan otros 710 millones. En total, unos 1.300 millones de pesos impostergables.
El objetivo del municipio es cumplir esos compromisos y en marzo renovar letras por 500 millones de pesos. Será la primera incursión de la gestión Llaryora en el mercado de capitales.
A mediano plazo, un escenario más despejado para el municipio
El inventario de deudas que la Municipalidad de Córdoba elaboró hasta el momento asciende a una cifra total que supera los 26 mil millones de pesos, incluyendo el total de demandas judiciales que tiene la ciudad.
Cuando se excluye esa suma –que asciende a 8.203 millones de pesos de capital reclamado en la Justicia a través de más de 1.800 causas–, la cifra queda en unos 18 mil millones de pesos.
El gran problema de la administración de Martín Llaryora son los casi siete mil millones que componen la deuda flotante y los vencimientos de letras e intereses de un crédito en dólares que operan en los próximos 45 días.
A mediano plazo, la situación financiera es más aliviada y en el largo plazo el municipio casi no tiene compromisos.
El programa de letras del Tesoro se irá renovando con nuevas colocaciones, ya que la reducción de tasas de interés le permitirá al municipio financiarse para gastos corrientes con esa herramienta, sin afrontar el costo financiero exorbitante que llegó a pagar la gestión de Ramón Mestre el año pasado.
En dólares
A mediano plazo, el principal compromiso financiero es el bono de 150 millones de dólares que la gestión de Ramón Mestre emitió en 2016. En pesos, ese pasivo equivale a 9.450 millones en concepto de capital y a 2.728 millones de pesos en concepto de intereses, al tipo de cambio del 10 de diciembre.
El bono tiene un plazo de ocho años y amortiza en tramos iguales en 2022, en 2023 y en 2024, mientras que los cupones de interés tienen vencimientos semestrales de casi 12 millones de dólares. El 29 de marzo próximo opera uno de esos vencimientos, que le demanda a la Municipalidad unos 710 millones de pesos.
Pero la primera cuota de capital debe pagarse recién en septiembre de 2022: son 50 millones de dólares. En 2023 y en 2024 hay idénticos vencimientos, que supondrán importantes esfuerzos para el municipio, o la refinanciación con nuevos créditos, que es lo que intentarán la Nación y las provincias.
Antes de esa fecha también debe cancelarse un crédito bancario de 4,8 millones de pesos, una cifra menor para un presupuesto municipal que este año excederá largamente los 48 mil millones de pesos.
Hay otras deudas que la gestión Mestre no consignó en el informe de final de gestión, presentado días antes del 10 de diciembre: la gestión Llaryora encontró expedientes de expropiaciones que totalizan compromisos por 540 millones de pesos y que son revisados y ordenados por estos días.
También aparecieron deudas importantes, pero sujetas a planes de pago a largo plazo con la Provincia y con la Afip.
En el caso del Gobierno de Córdoba, la deuda municipal es de 124,6 millones de pesos. Unos 66 millones deben ser cancelados este año por la ciudad y los 58 millones restantes se pagarán hasta 2030.
Con la Afip, el municipio registra deudas por 139,7 millones de pesos en lo que hace a la administración central. La cifra adeudada a la Nación en impuestos se multiplica varias veces cuando se suman las deudas en ese concepto de las empresas municipales Tamse y Crese y del Esop.
Números cruzados sobre las cuentas municipales
Datos del informe de fin de gestión de Ramón Mestre.
Deuda total consignada. La gestión de Ramón Mestre reportó, en su informe final de diciembre último, que, entre deuda flotante, deudas con Afip y con la Provincia y compromisos de largo plazo con el sistema financiero, la ciudad tenía un pasivo de unos 10.833 millones de pesos. La deuda de corto plazo admitida entonces era de unos dos mil millones. La gestión anterior, además, culpaba a la Provincia por adeudarle 1.200 millones.
$ 9.372 millones. Es el total de deuda financiera admitida por la gestión Mestre. Se informó que ese pasivo estaba compuestos por 705 millones de letras del Tesoro, $ 4,8 millones de un crédito bancario y $ 8.662 millones correspondientes al bono internacional de 150 millones de dólares emitido en 2016 por la anterior gestión.
El estado de cuentas que informa Martín Llaryora.
Deuda total relevada hasta el momento. La gestión de Martín Llaryora sostiene que la deuda de corto plazo llegaba el 10 de diciembre a los siete mil millones de pesos y que, si se consideran los 1.800 juicios que tiene el municipio, las expropiaciones no pagadas, el total de lo adeudado a la Afip y a la Provincia y la deuda financiera con sus intereses incluidos, la ciudad debe más de 26 mil millones de pesos.
$ 13.010 millones. Es el total de deuda financiera al 10 de diciembre informado por Llaryora. Con intereses, el rescate de letras demanda 826,9 millones y el bono de 150 millones de dólares suma 12.178 millones de pesos cuando se actualiza el valor de la divisa al 10 de diciembre y se cargan además los intereses de ese crédito.
Otros tres frentes en proceso de revisión
Relevan deudas de empresas municipales y de Esop.
ESOP. El Ente de Servicios y Obras Públicas es el principal prestador del servicio de higiene urbana. Tiene más de 1.100 empleados para barrer las calles y enterrar la basura, y su estado de situación es uno de los grandes temas sobre los que la nueva gestión municipal no informó hasta el momento. Además de la revisión de contratos y de deudas que dejó la administración de Ramón Mestre, ese ente está en la mira de la Justicia federal por causas vinculadas al gremio de los recolectores (Surrbac).
Crese. La exprestataria del servicio de higiene urbana está en proceso de liquidación. Tampoco está claro aún el pasivo que debe tomar a su cargo el municipio para poder avanzar en ese proceso.
Tamse. La empresa de transporte municipal brinda el servicio de trolebuses. En 2019 requirió transferencias del municipio por más de 200 millones de pesos. La nueva gestión ya constató que existen juicios laborales y civiles por una cifra que supera los 200 millones y la deuda impositiva es muy elevada: antes de irse, la gestión Mestre suscribió con Afip un plan de pagos de 2,7 millones de pesos mensuales por 170 meses.
Vencimientos de febrero y de marzo
Compromisos financieros que enfrenta el municipio.
$1.300 M. Entre el 22 y el 26 de febrero, la ciudad tiene vencimientos de letras por $ 600 millones. A fin de marzo hay que pagar intereses del bono en dólares por $ 710 millones.
