En una resolución que puede tildarse de polémica, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba decidió la liberación de los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, quienes se encontraban detenidos en la cárcel de Bouwer desde agosto de 2019.
El organismo judicial habilitó la feria para tratar los pedidos de excarcelaciones que presentaron las defensas, y decidió dejarlos en libertad, luego de que paguen una fianza de $ 10 millones cada uno.
Esta cifra, que sería elevada para una persona común, no lo es para los sindicalistas si se considera el inmenso patrimonio en inmuebles, autos de alta gama, joyas y dinero en efectivo que ambos amasaron luego de 18 años al frente del gremio de recolectores Surrbac. En una sola caja de seguridad, por ejemplo, fueron encontrados U$S 400 mil (unos $ 34 millones según el actual valor libre del dólar).
Ambos se encuentran procesados por lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación, en perjuicio de los propios afiliados de su gremio, su mutual y su obra social.
El fallo de la Cámara no fue unánime, ya que a favor de la libertad de los gremialistas se expresaron Luis Rueda y Abel Sánchez Torres, mientras que Eduardo Ávalos se expresó a favor de mantener firme la resolución judicial anterior que había decidido que continuaran detenidos.
Llaman la atención algunos de los argumentos que da la Cámara para la liberación de los gremialistas, porque el mismo cuerpo judicial había decidido hace solamente cinco meses que ambos debían permanecer detenidos.
“Lawfare”
Uno de los párrafos que sobresale en la resolución, que integra el voto del camarista Luis Rueda, parece hacer lugar al argumento de moda en la política argentina, sobre que algunos personajes públicos son víctimas del lawfare, la guerra judicial contra ellos que se atribuye a los tribunales y a los medios periodísticos.
Es la doctrina, surgida en Estados Unidos, que actualmente sostiene la vicepresidenta Cristina Fernández como respuesta a las numerosas causas por corrupción en las que se encuentra procesada.
Rueda afirma, para argumentar a favor de la libertad, que “la profusa difusión mediática de lo investigado”, vista “sociológicamente, impacta clara y desfavorablemente respecto del imputado Saillén y el resto de los imputados”.
Luego el mismo camarista dice que el riesgo procesal que ahora tienen los gremialistas es menor, porque la mutual y el sindicato ya están intervenidos “con desplazamiento total de sus anteriores autoridades”.
En realidad, como ha contado este medio, la intervención del Ministerio del Trabajo al gremio es acotada, al punto de que algunas de sus anteriores autoridades, integrantes de la comisión directiva que presidía Saillén, siguen en sus lugares.
También de la lectura de la resolución parece brotar la conclusión de que Saillén y Catrambone deben quedar en libertad debido a la excepcional situación de pandemia que vive Argentina y el mundo, aunque en ningún momento se aclara en concreto cómo los afectaría esta circunstancia personalmente a los gremialistas.
El camarista que votó en contra de la liberación de ambos, Ávalos, hace notar que el coronavirus “en modo alguno altera el criterio” en este caso no sólo por la decidida acción que está tomando el Estado argentino “sino porque tampoco se han detectado casos de contagio en el ámbito del servicio penitenciario provincial”.
El mismo Ávalos señala que los motivos más importantes por los que la Cámara había decidido la continuidad de las detenciones, no han variado: Saillén y Catrambone cuentan con un significativo poder económico con el que podrían eludir la acción de la Justicia, son jefes de una asociación que se maneja con “aprietes” contra otras personas y contarían con funcionarios que les filtran información anticipada sobre procedimientos judiciales.
Además, agrega Ávalos, la instrucción no está terminada, y las extensas penas de prisión que contemplan los delitos por los cuales están acusados, elevarían también el riesgo de que intenten eludir la acción de la Justicia.
Por último, menciona las graves agresiones sufridas recientemente por los denunciantes de Saillén y Catrambone, como otro motivo para mantenerlos detenidos.
Rueda y Sánchez Torres
En la resolución se impusieron los argumentos de Rueda y Sánchez Torres que interpretaron, tal lo solicitado por los abogados defensores, que las circunstancias han cambiado, y que ni Saillén ni Catrambone representan hoy un riesgo para la continuidad del proceso judicial.
También resaltaron cambios incluidos en el nuevo Código Procesal Penal Federal que benefician la situación de los procesados.
Ávalos ingresó a la causa porque una de los integrantes de la Cámara, Liliana Navarro, se apartó del caso luego de admitir que tiene “amistad íntima” con los gremialistas.
En este caso también se juega el enfrentamiento existente entre el fiscal federal Enrique Senestrari y el juez federal Ricardo Bustos Fierro.
El fiscal está interesado en motorizar más la rama de la investigación que involucra a los empresarios de la firma recolectora Cotreco, punto de vista en el que coincide con la posición de los sindicalistas del Surrbac.
Desde el juzgado, en tanto, critican falta de decisión del fiscal a la hora de avanzar sobre las líneas sindical y política de la causa.
