El camino que trazó Córdoba en su proceso de digitalización de expedientes en el ente que regula todo lo relacionado con las personas jurídicas mostró su efectividad, con el aislamiento por la pandemia del Covid-19.
Justo antes de la cuarentena, en Buenos Aires, Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo nacional que regula las sociedades, decidió dar marcha atrás con todo el trámite on line para abrir una “empresa en 24 horas” y volvió al papel. El tema generó mucho ruido, porque ese proceso permitía una apertura ágil y a bajo costo de las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS) establecidas en la ley de desarrollo emprendedor de 2017.
Por el contrario, en Córdoba, Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), que depende del Ministerio de Finanzas, siguió trabajando de manera remota. Por eso, desde el 20 de marzo ya resolvió 185 trámites, de los cuales 137 son constituciones de nuevas sociedades, según datos del organismo.
El desempeño en cuarentena también incluye 32 nuevas asociaciones civiles y fundaciones, y 16 del Registro Público (por lo general, fideicomisos). Hubo, además, otros trámites rechazados y con cierre irregular. En total, 294 trámites en este período.
Desarrollo propio
Más allá de la ley nacional, cada provincia tiene potestad para normar en las cuestiones de personas jurídicas. “En Córdoba, habíamos empezado antes con la digitalización e implementamos nuestro sistema. Por eso, nunca perdimos la administración, el control y la custodia de la documentación porque no utilizamos el sistema nacional de Trámites a Distancia (TAD)”, explica Verónica Sanz, directora general de la IPJ.
La funcionaria menciona que en la Provincia la digitalización comenzó con las SAS, pero se extendió a la constitución de sociedades anónimas (SA) y todo tipo de entes (asociaciones civiles, fundaciones y otros).
El trámite comienza en la reserva del nombre y termina con la aprobación; incluye la generación de la clave única de identificación tributaria (Cuit) y la realización del depósito, ya que los sistemas están conectados al Renaper (Registro Nacional de las Personas), la Afip y el Banco de Córdoba. El proceso puede frenarse si los interesados deben concurrir a un escribano que certifique la firma, pero quienes tienen firma digital pueden concluirlo sin problemas.
En los casos que se usa el modelo de la IPJ, la tasa es cero.
“Hay muchas jurisdicciones dan marcha atrás con la digitalización, argumentando que no es seguro. Pero nosotros mostramos que es mucho más seguro que el papel. Además de ser más ágiles, los sistemas informáticos disminuyen el error y permiten establecer mejores mecanismos de control”, pondera Sanz.
Y comenta que: “En las últimos años, la IPJ hizo una reingeniería de todos los procesos y hoy la mayoría de los trámites estandarizados están totalmente digitalizados, desde el inicio hasta el fin. Quedan trámites puntuales que son presenciales, debido a que son pocos y mucho más complejos”.
Esto permitió que durante el aislamiento el organismo pudiera seguir funcionando en forma remota “casi con normalidad”. De los 82 empleados, 69 trabajan a distancia. Entre el 18 de marzo y el 30 de abril, ingresaron 1.337 trámites de distinto tipo y se reciben consultas por Facebook, con más de 3.300 chats, 330 consultas técnicas y asesoría por videollamadas.
Asambleas “on line”
Córdoba también fue pionera en habilitar y realizar asambleas virtuales. “Hemos innovado con las asambleas a distancia. La IGJ la reguló como excepción en la cuarentena, pero en Córdoba la contemplamos como un modelo para quedarse. Esto permite que las entidades puedan seguir funcionando sin trabas”, asegura Sanz.
La resolución provincial se publicó el 6 de abril. Según la funcionaria, desde ese momento y hasta fin de mes hubo seis publicaciones en el Boletín Oficial de sociedades anónimas y 12 de asociaciones civiles que convocaron a asambleas virtuales para mayo.
Las asambleas se realizan por cualquier plataforma que permita que los participantes puedan comunicarse simultáneamente con imagen y audio, siempre que se respete el libre acceso. Se deben grabar en soporte digital y guardarse por cinco años.
“La primera asamblea fue el 24 de abril, de una entidad que estaba intervenida por la IPJ, los Bomberos Voluntarios de San José de la Dormida. Fue la primera experiencia y, como la organizó la IPJ, nos vino bien para controlar todo el proceso, que terminó con la regularización de la asociación”, concluye Sanz.
