El coronavirus los ayudó a lograr la excarcelación, pero el mismo coronavirus les está impidiendo salir.
Esa es la paradoja que por estas horas siguen viviendo Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, los mandamases del gremio de recolectores Surrbac, que cumplieron más de siete meses en la cárcel de Bouwer, procesados por haber cometido, supuestamente, graves delitos contra las finanzas de su sindicato, su obra social y su mutual.
Como los bancos no están funcionando, y tampoco se encuentran abiertas las oficinas del Registro de la Propiedad y del Registro del Automotor, se les complicó cumplir con el requisito de pagar la fianza de 20 millones de pesos (10 millones cada uno) que se les exigió para quedar en libertad.
Ambos lograron la excarcelación el jueves 26, con una resolución que emitió la Cámara Federal de Apelaciones, en fallo dividido y polémico. Dos de los tres jueces de tribunal consideraron que ambos ya no muestran riesgo de fuga y además que su libertad no representa un peligro para la continuidad de la investigación.
Además, los jueces citaron la pandemia de coronavirus como uno de los motivos para excarcelarlos, si bien en la cárcel de Bouwer no existe todavía un solo caso de la enfermedad.
Desde aquel día sus abogados comenzaron diferentes gestiones para ver cómo cumplir con el pago de la fianza de 10 millones de pesos cada uno, que les fijó la Justicia federal.
Los letrados intentaron que se les aceptaran cauciones juratorias, cauciones personales, y luego avisaron que presentarían un grupo de autos que algunos miembros del sindicato de recolectores Surrbac ofrecerían como garantía para que sus jefes recuperaran la libertad, aunque en un primer momento no aportaron los documentos de los vehículos para avanzar en ese sentido.
En la mañana del jueves, Saillén y Catrambone esperaban que desde el Registro Nacional de Propiedad del Automotor respondieran positivamente a la posibilidad de embargar los automóviles que presentaron para cubrir el monto de la fianza.
Los gremialistas no pueden presentar para esta circunstancia los numeroso inmuebles, automóviles o dinero que encontro la Justicia como parte de la investigación contra ellos.
Junto a otras 17 personas, ambos están procesados por haber cometido delitos contra las finanzas del sindicato, la mutual y la obra social, entre los que se cuentan asociación ilícita, usura, defraudación y lavado de dinero.
