Autoras y autores son trabajadores precarizados. En ese veredicto coincidieron muchos de los escritores, escritoras y otros agentes de la cadena editorial que participaron en una asamblea realizada este sábado por la tarde con el objetivo de impulsar la creación del Instituto Nacional del Libro (Inla), contemplada en una ley que podría perder su estado parlamentario a fin de año.

Convocada por la Unión de Escritoras y Escritores, la asamblea tuvo lugar de manera virtual a través de la plataforma Zoom, e involucró a numerosos actores de la industria editorial. 

Bajo la consigna “El Instituto del Libro es necesario”, autores, representantes de asociaciones de librerías, colectivos editoriales e ilustradores, legisladores y funcionarios de alto rango coincidieron en muchos de los objetivos generales: crear un ente que proteja toda la cadena de valor del libro argentino, que federalice un campo altamente concentrado y que estimule tanto la difusión como la producción.

En la asamblea participaron los titulares de dos ministerios claves. Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, y Nicolás Trotta, jefe de la cartera de Educación, expresaron su apoyo a la creación del Instituto del Libro.

Dutante el Zoom, que alcanzó el máximo de 100 participantes, dieron su visión asimismo Natalia Porta López (directora del Plan Nacional de Lecturas), María del Carmen Bianchi (directora de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y Daniel Filmus (titular de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas), quien en abril de 2019 presentó el proyecto de ley de fomento del libro argentino que incluye la creación del instituto.

Hay un importante consenso de las diversas fuerzas políticas en relación a la necesidad del futuro Inla. Testimonio de ello fueron las declaraciones de la diputada Gisela Scaglia, dirigente del Pro que preside la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, quien se refirió al contexto de pandemia y a la oportunidad de darse a una discusión amplia sobre los puntos que deben ser mejorados. Enfatizó que tiene que ser un proyecto que no tenga una sola bandera política. 

El investigador Alejandro Dujovne, quien ha trabajado codo a codo con Filmus en la elaboración del proyecto, aseguró en su intervención que es un error discutir políticas relativas al libro pensando en la inmediatez y en la urgencia. Aseguró que el objetivo central de la ley y del instituto no es resolver una coyuntura sino posibilitar un cambio estructural. Lograr que el mundo del libro sea más diverso, democrático y federal. 

Dujovne diagnosticó algunos problemas básicos de lo que se denomina el ecosistema del libro:  la marcada concentración territorial de librerías y editoriales, que atenta contra la posibilidad de que autores del interior hagan circular sus obras, y la pérdida sostenida de mercados externos. 

Deuda pendiente

Entre las voces más intensas estuvieron las de los autores. Marcelo Guerrieri, presidente del frente de escritoras y escritores que organizó la asamblea virtual, afirmó que el instituto es una deuda pendiente del Estado, y reclamó la existencia de un ente ayude al sector, como sucede en otras áreas de la cultura en las que se llevan adelante políticas públicas. Mencionó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incca), el Instituto Nacional del Teatro y al Instituto Nacional de la Música.

Desde Córdoba, la escritora Eugenia Almeida puso sobre la mesa uno de los temas de discusión. Escribir es un trabajo que debe ser plenamente reconocido, afirmó. Y descartó como anacrónica y clasista la polémica reciente acerca de si la escritura es o no es un trabajo. 

Con mucho énfasis se expresó, en un sentido similar, la periodista y escritora Cristina Civale. Mencionó que tiene 60 años y 16 libros publicados, aunque nunca logró vivir de su trabajo como autora. Sin los autores no hay libro, sentenció, y reclamó respuestas concretas: “¿Qué van a hacer para que dejemos de tener trabajos paralelos para pagar nuestras cuentas?”.

Aceptar que escritoras y escritores son trabajadores precarizados y que haya políticas efectivas para amparar a los autores fue un reclamo que ganó voz durante la asamblea. Coincidieron en que ese punto es central Gabriela Cabezón Cámara y Gabriela Saidon. 

Viviana Richardi vaticinó que la situación de precariedad de autores y autoras se va a incrementar al término de la pandemia que golpea al mundo y que tiene efectos muy graves en el país. 

Eduardo Mileo fue rotundo. Aseguró que no apoya este proyecto en particular porque, en su opinión, no toma en cuenta las reivindicaciones de los escritores, el principal eslabón en la industria del libro. “Sin autoras y autores no existe la literatura, todo lo demás es accesorio”, expresó. Y pidió la suspensión del pago de la deuda y por la sanción de un impuesto a las grandes fortunas, a través del cual se podrían obtener los fondos para dotar al instituto de un presupuesto que le permitiera activar sus políticas.

En representación del Inadi y del colectivo Nosotras Proponemos participó la escritora Cecilia Sperling, quien solicitó colaborar en materia de inclusión y poner una mirada feminista en la ley del libro.

Paloma Dulbecco, organizadora de la Feria del Libro Feminista, sumó argumentos a favor de que se incluyan criterios de dentidad de género, premios, subsidios y espacios como festivales con esa perspectiva.

Aunque la mayoría de los participantes concordaron en los puntos generales y en la necesidad de avanzar, se expresó un arco de demandas muy variado, que da cuenta de la complejidad de realidades que deberían atender el Instituto del Libro. Marcelo Guerrieri, cerrando la asamblea, elogió la participación, la pelea por mejorar la ley y la necesidad de dialogar con el Estado en tensión y en cooperación. 

Eugenia Almeida, una de las autoras que se sumó a la asamblea virtual.